La presente obra afronta el estudio de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, cuyo objeto es asegurar el cumplimiento, por parte de España, de los objetivos del Acuerdo de París, lo que implica “facilitar la descarbonización de la economía española, su transición a un modelo circular, de modo que se garantice el uso racional y solidario de los recursos; y promover la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades” (artículo 1). El futuro del planeta pasa por cumplir esos objetivos, y en lo que a nuestro país se refiere se trata esta de una ley compleja cuyo cumplimiento corresponde a todas las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias, y que afecta a múltiples ámbitos sectoriales. Una norma que además va a requerir de futuros desarrollos normativos y de redoblar esfuerzos para combatir los ya perceptibles efectos del cambio climático. Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

La actividad económica es, a veces, limitada por razones de interés público. Concurren valores adicionales que condicionan la actividad económica. Una de estas actividades es, precisamente, la actividad de juego. Liberalizada y admitida plenamente como una actividad económica es, sin embargo, objeto de limitaciones y matizaciones por razón de la población a la que se busca proteger y de los valores que se considera deben predominar sobre la actividad económica. En este esquema se produce una amplia actividad de limitación para preservar estos valores que lleva al Estado y, en general, a los Poderes Públicos a establecer límites a la propia actividad y, sobre todo, a sus elementos más característicos como son las actividades de publicidad, difusión y conocimiento. Todas ellas han resultado muy mermadas. La gran paradoja en la conformación del mercado de operadores de juego es que estas limitaciones y este marco, en general, coincide en el tiempo y el espacio con una conformación en la que los Poderes Públicos son, adicionalmente, a su condición de reguladores los principales operadores y agentes de la actividad. Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

Honradez, probidad, rectitud, lealtad, diligencia y veracidad. Estos son los calificativos que el nuevo Código Deontológico de la Abogacía Española de 2019 exige a la actuación profesional de los abogados, sobre los que, a su vez, hace descansar la dignidad de la profesión.
Pero la deontología, como rama de ética que establece los deberes relacionados con el ejercicio de la profesión, no solo afecta al abogado, sino que trasciende a su figura. La existencia de normas deontológicas no se entiende sin referencia real al grupo social organizado en el que se dictan, aplican y exigen, los Colegios de Abogados, que ejercen la función de ordenación interna de la profesión.
La editorial sepín presenta una obra única que todo colegiado debería tener siempre presente sobre su escritorio. Bajo la coordinación del abogado, Magistrado excedente y Doctor en Derecho D. Alberto Palomar Olmeda, grandísimos juristas nos orientan sobre las implicaciones y los derechos y deberes del nuevo Código Deontológico de la Abogacía Española, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española de 6 de marzo de 2019.

Honradez, probidad, rectitud, lealtad, diligencia y veracidad. Estos son los calificativos que el nuevo Código Deontológico de la Abogacía Española de 2019 exige a la actuación profesional de los abogados, sobre los que, a su vez, hace descansar la dignidad de la profesión.
Pero la deontología, como rama de ética que establece los deberes relacionados con el ejercicio de la profesión, no solo afecta al abogado, sino que trasciende a su figura. La existencia de normas deontológicas no se entiende sin referencia real al grupo social organizado en el que se dictan, aplican y exigen, los Colegios de Abogados, que ejercen la función de ordenación interna de la profesión.
La editorial sepín presenta una obra única que todo colegiado debería tener siempre presente sobre su escritorio. Bajo la coordinación del abogado, Magistrado excedente y Doctor en Derecho D. Alberto Palomar Olmeda, grandísimos juristas nos orientan sobre las implicaciones y los derechos y deberes del nuevo Código Deontológico de la Abogacía Española, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española de 6 de marzo de 2019.

El tiempo y la consolidación paulatina del espectáculo del deporte y, dentro del mismo, significativamente el del fútbol como una actividad global y una actividad regulada por entidades privadas en las que se integran un conjunto de entidades de ámbito territorial menor, ha ido configurando una forma específica de organización y, consecuentemente, una regulación que se aplica con el carácter de normativa asociativa. La obra trata de analizar la propia conformación de la organización, su naturaleza jurídica, sus sistemas de producción de normas y de fijación de reglas para la convivencia entre agentes privados y entre organizaciones territoriales.
Se ofrece una visión sistemática y de conjunto de las relaciones jurídicas que surgen en el ámbito del fútbol desde una visión general y ordenada en función de las reglas de incorporación y actuación de la actividad deportiva.
Los capítulos están escritos por profesores universitarios, abogados, responsables de entidades deportivas que cuentan con la experiencia y el análisis de los problemas como elementos centrales de su propia reputación profesional que se cifra con su mera nominación.

El objetivo de esta obra no es otro que ofrecer a la comunidad jurídica la experiencia acumulada por Ontier después de más de cincuenta años en defensa de clientes frente a expropiaciones forzosas, que ha llenado sus archivos no sólo de jurisprudencia aplicada en casos reales, sino también de argumentos jurídicos testados en asuntos a los que este Despacho se ha enfrentado exitosamente. Con este objeto, publicamos una importante parte de nuestra experiencia, que sistematizamos conforme a los que creemos son los principales bloques de cuestiones sobre los que se articula fundamentalmente la defensa frente a una expropiación, en los que además de las tradicionales cuestiones relativas a la causa expropiandi, a la reversión, al justiprecio expropiatorio e intereses de demora, incluimos la problemática de deslinde entre la expropiación como potestas y la expropiación por mandato legal, así como la confusión planteada entre responsabilidad patrimonial del Estado legislador y la expropiación misma, sin dejar de incluir referencias obligadas al régimen de las medidas cautelares y al proceso judicial de protección jurisdiccional de derechos fundamentales, que constituyen medios de defensa sustanciales frente a una expropiación.