Esta obra agrupa diversos trabajos del autor sobre un mismo tema: la doctrina de la imputación. Dicha doctrina, de raigambre filosófica muy antigua, se halla en la base de las teorías del delito elaboradas por la dogmática jurídico-penal en tiempos más recientes. La doctrina de la imputación elaboró ya conceptos que todavía pueden seguir aportando mucho a la dogmática penal. Conceptos como los de dolo y error, antijuricidad y culpabilidad, error vencible y error inexcusable, tentativa e imprudencia..., pertenecen hoy al bagaje común de los penalistas. Y se encuentran ya en las primeras reflexiones sobre la acción humana y la responsabilidad por los propios actos. Por eso, lejos de una mera erudición sobre los orígenes históricos de las instituciones, esta obra se propone ahondar en las raíces de las categorías para encontrar el sentido que las inspira y el contenido que las justifica. A las obras anteriores del mismo autor sobre esta temática, se suma ahora esta recopilación de estudios (2002-2014), que vienen a completar planteamientos que quedaron inconclusos o que eran susceptibles de desarrollo.

Fundamentos de Política criminal ofrece una visión original de temas clásicos. El autor procede a una sistematización de las diversas proposiciones empleadas comúnmente en la Política criminal: desde la regla nullum crimen sine lege, hasta la presunción de inocencia, pasando por la abolición de la pena de muerte y la tortura, así como el ne bis in idem. A juicio de su autor, es posible esa sistematización con base en tres principios (seguridad, legalidad y respeto de la dignidad), que diferencia de las diversas y abundantes reglas y sus consiguientes excepciones. De ahí el subtítulo que se ha dado a la obra: Un retorno a los principios, que es una mirada a los orígenes filosóficos, jurídicos y antropológicos del Derecho y de la Política. El autor elabora un estudio inductivo de los enunciados vigentes en las decisiones del legislador, la judicatura y la Administración, para indagar a continuación los principios que les dan sentido. De este modo, se asume la tarea de aportar una fundamentación racional a la práctica político-criminal del Estado: se hace patente la racionalidad interna de las decisiones cotidianas de la Política frente al delito y a la vez se aportan claridad y elementos de crítica de las decisiones político-criminales al uso.