Los derechos constitucinales deben ser disfrutados efectivamente por todas las personas con independencia de su edad, pero hay barreras reales que deben removerse. La normativa internacional ofrece un sustento importante, aunque está a medio desarrollar. Para el análisis de la discriminación por edad debe tenerse en cuenta un elenco de conceptos y el sesgo que tiene de discriminación de estereotipo. Está cobrando cada vez más relieve la doctrina del TJUE, que parte de que el derecho a la no discriminación por edad ha alcanzado un rango muy importante en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. La conexión fuerte entre edad y pobreza exige revisar las políticas públicas y abordar los principales problemas en el campo de la Seguridad Social y de la Asistencia Social. Asimismo hay que tener en cuenta las situaciones de discriminación múltiple en las que la edad se conjuga, entre otras, con la discapacidad o con el sexo. El estudio del empleo y del acceso a bienes y servicios en relación con este tema se hace muy necesario, así como de las vinculaciones entre edad, extinción del contrato de trabajo y apartamiento de la vida activa. Pero también hay que considerar los problemas de acceso al mercado de trabajo y desarrollo profesional de las persoas jóvenes. Y la crítica de la negociación coledtiva, con sus repercusiones, se enfoca en términos de gran interés.

Desde hace ya varios años, estamos observando como gran cantidad de personas de otros países vienen a España por diversos motivos, fundamentalmente ilusionados con encontrar una mejor situación socio-laboral. Esta situación unida a la necesidad existente en nuestro mercado laboral de encontrar mano de obra en determinados sectores económicos, ha hecho que gran cantidad de inmigrantes hayan encontrado en España esa ilusión antes mencionada y por consiguiente que la mayoría de ellos hayan decidido quedarse a vivir en nuestro país de forma permanente, lo que ha ocasionado un gran incremento en solicitudes de nacionalidad española. En la concepción de esta obra se ha pretendido por parte de todos los autores implicados que se abordase esta compleja materia relativa al Derecho de la Nacionalidad desde una visión eminentemente práctica, de forma que el estudio de la misma, ya sea total o parcial, se pueda entender con la suficiente claridad y cercanía. A decir verdad, la presente obra ha sido fruto de un arduo trabajo por parte de cada uno de los excelentes profesionales que han confeccionado el tema concreto, pero teniendo en cuenta los criterios necesarios para que, además de las importantes reflexiones que se exponen, se pueda trabajar atendiendo a la practicidad. La elaboración de esta obra, eminentemente práctica, supone un nuevo acercamiento a la realidad social con la que nos encontramos dentro de nuestra práctica diaria en la compleja materia que aborda al fenómeno migratorio.

Son muy frecuentes los casos de vulneración del derecho a la protección de datos de personas físicas afectadas por un tratamiento ilícito internacional de sus datos personales. Realizado al margen de una relación preexistente entre las partes, donde el afectado plantea una reclamación por daños y perjuicios frente al causante del daño. Las transferencias internacionales de datos de carácter personal (ilícitas) son una realidad. Realidad en la que el titular del derecho a la protección de datos (afectado) se encuentra frente al causante del daño en una situación de (des) protección. El estudio de los mecanismos y reglas de protección vigentes en los distintos niveles de producción normativa -las normas emanadas de las instancias internacionales (ONU, OMC, OCDE), los intentos normativos de las organizaciones de integración regional (CONSEJO DE EUROPA, APEC, UE) o las posibles soluciones que provengan del denominado ?derecho transnacional?- arroja un balance claro: el marco normativo existente es a todas luces insuficiente para garantizar el derecho a la protección de datos, ya que se encuentra fragmentado en unidades nacionales de regulación, custodiadas por autoridades de protección independientes. Ante una transferencia internacional ilícita de sus datos el titular del derecho a la protección de datos se encuentra en una evidente situación de inferioridad jurídica, que le sitúa al borde de la desprotección frente al superior conocimiento técnico y poder económico de los infractores. Para obtener una compensación ante tal violación el Derecho Internacional Privado se presenta como el sistema normativo más manifiesta y sencillamente mejorable; ya sea reinterpretando a favor del perjudicado las normas vigentes de competencia judicial internacional y derecho aplicable; ya sea reformando en sentido tuitivo dicha normativa. En definitiva, del estudio realizado puede desprenderse una conclusión general: si bien la naturaleza internacional del problema requeriría soluciones igualmente globales, el análisis normativo vigente nos lleva a concluir que, a día de hoy, la solución más factible y económica (en términos de experiencia jurídica) para alcanzar una protección adecuada, equilibrada y efectiva del perjudicado por una transferencia internacional ilícita de sus datos personales es el recurso a las normas de Derecho internacional privado. El instrumental con que cuenta nuestro sistema de Derecho internacional privado es manifiesta y sencillamente mejorable (tanto en sede de competencia judicial internacional cuanto a efectos de determinación de la ley aplicable). Con muy escasos y factibles retoques sería posible proporcionar al titular del derecho a la protección de datos afectado por una transferencia internacional ilícita de dichos datos una tutela adecuada, equilibrada y efectiva.