La gestión de los riesgos psicosociales en el seno de las empresas se integra en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y en el deber de protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, que recae sobre el empresario. De este modo, se deben adoptar medidas organizativas para prevenir y evitar problemas de salud mental de los trabajadores y, por ello, se convierte en una materia de especial
importancia en el seno de las empresas y para los asesores jurídico-laborales.
Así, precisamente, en el presente trabajo se efectúa un completo y riguroso análisis de la materia, ilustrado con la más reciente doctrina judicial y jurisprudencial, de modo que se dota a los operadores jurídicos del ámbito laboral de una herramienta útil, dinámica y eficaz, al objeto de servirles de guía en la aplicación práctica de la gestión de los riesgos psicosociales en el seno de las empresas, y
les permite afrontar de forma sencilla y natural todo el proceso de toma de decisiones preventivas para evitar los problemas de salud mental de los trabajadores. Dado que no podemos obviar que, entre los trabajadores europeos, el estrés, la ansiedad y la depresión constituyen el segundo problema de salud laboral más común y ello incide directamente en las tasas de absentismo.

La monografía desarrolla todos los aspectos multidisciplinares de la Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (LITND).
Desde un capítulo introductorio en el que se contextualiza la LITND repasando antecedentes, un detallado análisis de las causas y tipos de discriminación, así como unas pautas de la jurisprudencia en la materia. Se sigue analizando el ámbito y la finalidad. Seguidamente se abordan las categorías de la discriminación, las medidas de acción positiva como instrumento y el principio de norma mínima. A continuación, se establece el reflejo en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Desde la perspectiva de la propia Ley, se aborda el impacto en el trabajo por cuenta propia. Así como el derecho a la igualdad de trato, a la no discriminación e intolerancia en la negociación colectiva y en las organizaciones políticas, sindicales, empresariales, profesionales y de interés social o económico.
Otros aspectos diversos en los que la Ley fija su punto de mira como aspectos fundamentales de la igualdad de trato y no discriminación en la educación, medios de comunicación social y publicidad, internet y redes sociales, inteligencia artificial y mecanismos de toma de decisión automatizados, la sanidad y los servicios sociales. Instrumentos como el Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, seguridad ciudadana, ante la administración de justicia, en el acceso a la vivienda pública y privada y a establecimientos, espacios y espectáculos abiertos al público, así como en actividades culturales y deportivas. Una cuestión fundamental como es la defensa y la promoción del derecho a la igualdad de trato y no discriminación, así como las garantías del derecho a la igualdad de trato y no discriminación. Las medidas de acción positiva como instrumento necesario en la materia, la autoridad para la igualdad de trato y no discriminación. Por último y no menos relevante el régimen jurídico de infracciones y sanciones en la materia.

La institución de la jubilación forzosa ha vuelto a «resurgir» con el RDLey 28/2018, de 28 de diciembre, cuya Disposición Final Primera modifica el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por RDLeg 2/2015, de 23 de octubre, de modo que se habilita, nuevamente, a los Convenios Colectivos para establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad legal de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, siempre que se cumplan unos determinados requisitos vinculados, ahora, con el acceso al 100% de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva y a la vinculación a objetivos coherentes de política de empleo expresados en el Convenio Colectivo. Y ello justifica no sólo el análisis exhaustivo de la institución de la jubilación forzosa, y el análisis de su singular evolución normativa y judicial, en el ámbito nacional y europeo, sino también necesariamente, el análisis de las cláusulas de jubilación que se contienen en los Convenios Colectivos desde el año 2006 hasta el 2018, para, finalmente, concluir con nuestras propuestas de futuro para la jubilación forzosa.

La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, determinó la incorporación de importantes novedades en el proceso social. Desde su publicación, se han introducido importantes modificaciones en el texto legal, destacando la incidencia procesal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que suprimió con carácter general la reclamación administrativa previa en la vía laboral.
El Serie Oro de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social comentada recoge la interpretación de estas nuevas nomas y ofrece un estudio sistemático de cada precepto realizado por juristas de reconocido prestigio. Se trata, sin duda, de una herramienta de vital importancia para el abogado y su ejercicio diario.

Esta obra es una herramienta de consulta útil para todos los abogados, graduados sociales y demás operadores jurídicos en materia procesal, dado que aborda la Ley 36/2001, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
El texto se estructura siguiendo los títulos y capítulos de la Ley. Estos se configuran a través de su correspondiente esquema y se analizan mediante el planteamiento de las más interesantes cuestiones prácticas, elaboradas con un sistema de preguntas y respuestas, que brindan soluciones razonadas, eficaces, versadas y expertas para afrontar de forma ágil todos y cada uno de los problemas más habituales que pueden surgir en el quehacer diario de un despacho laboralista.

El libro es fruto de varios estudios y ponencias realizados a lo largo de estos últimos años y que ha ido evolucionando con la jurisprudencia de nuestros Tribunales. Su finalidad es la de ofrecer una visión técnica de una materia compleja, como es la incorporación de la prueba electrónica en el procedimiento laboral.
Por esto, la obra pretende ayudar a los operadores jurídicos en el ámbito del proceso social a afrontar los problemas teóricos y prácticos de este elemento probatorio que nos ha traído el avance de las nuevas tecnologías.

La obra realiza un análisis práctico del sistema de recursos tal y como ha quedado configurado tras las reformas operadas por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, y por la más reciente Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. Se examina con rigor, el nuevo régimen legal relativo a los medios de impugnación, que se contiene en el Libro Tercero de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, que comprende el sistema de recursos contra Providencias, Autos, Diligencias de ordenación y Decretos; los Recursos de Suplicación, de Casación, y de Casación para Unificación de Doctrina; el procedimiento para la revisión de Sentencias y Laudos arbitrales firmes, y el proceso de error judicial. Y para completar el análisis de los medios de impugnación en la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se efectúa una especial referencia a los criterios ya establecidos por la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, sobre la materia, lo que, sin duda, le otorga a la presente obra un carácter práctico de incuestionable valor para todos los operadores jurídicos del orden social.