La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, de reforma de la Ley de sociedades de capital para la mejora del gobierno corporativo, ha introducido competencias adicionales de la junta general en materia de gestión societaria que, unidas a otras previstas en la normativa societaria y del mercado de valores, conforman facultades compartidas entre la junta general y el órgano de administración, desdibujando la tradicional distribución orgánica y matizando la exclusividad de las competencias de gestión y representación social de éste último órgano social. La autora analiza las competencias de la junta general en asuntos de gestión en Derecho español y comparado en los que ha sido determinante la doctrina de sus competencias implícitas y las vías de revitalización de dicho órgano social en el marco del gobierno corporativo. En este marco se aborda el ámbito de autonomía de los socios para modular estas potestades a través de los estatutos sociales, los derechos de minoría para instar dicha intervención, así como cada uno de los supuestos legales de atribución de competencia a la junta general en especial en el contexto de una OPA y en relación con operaciones sobre activos esenciales. Sobre este supuesto, se analizan los problemas interpretativos y su ámbito de aplicación, partiendo de los fines de política jurídica perseguidos con la norma. En todos los casos de atribución legal de competencias a la junta general, se abordan las consecuencias del incumplimiento, tanto en relación con la validez del negocio, como respecto de la protección de la sociedad, socios y terceros. Por último se incluye un estudio sobre los requisitos de los acuerdos de la junta general en relación con los distintos supuestos legales o estatutarios de intervención en asuntos de gestión y el cumplimiento de dichas competencias en situaciones especiales como la liquidación societaria o el concurso de acreedores.

La distribución comercial es uno de los sectores en expansión, según se acredita en diversos informes económicos y es uno de los que menos se ha visto afectado por la crisis económica. Su materialización en el mercado se realiza comúnmente a través de contratos con empresarios especializados que asumen los riesgos específicos de la distribución, según una estrategia empresarial en la que el productor o prestador de servicios externaliza sus riesgos. No obstante, el productor o prestador de servicios no pierde el control de esa fase de colocación del producto o servicio en el mercado, mediante la redacción de contratos en los que impone unas condiciones muy estrictas para su comercialización a los distribuidores.
Desde un punto de vista normativo, el Derecho comunitario ha previsto Reglamentos de aplicación directa en los países miembros que afectan a sectores concretos de la distribución (vehículos) de donde se desprende la importancia de dar seguridad a las transacciones comunitarias y evitar los efectos restrictivos de la competencia que dichos contratos puede generar. En España tanto el proyecto de Ley de contratos de distribución como el Proyecto de Código Mercantil han abordado su regulación, aunque por el momento ninguna de estas normas se ha convertido en Derecho positivo, lo que evidencia la necesidad de regulación y el interés normativo sobre dicho sector.
Todo ello muestra el interés jurídico y económico del sector de la distribución, sus implicaciones en distintos aspectos de la regulación del mercado y la contratación y la actualidad de los estudios que lo aborden.