Los delitos socioeconómicos, principalmente contra el medio ambiente, laborales, tributarios y societarios, etc., así como los vinculados a la criminalidad organizada y a la corrupción política, están siendo actualmente perpetrados desde la empresa y otras asociaciones. Su tratamiento jurídico penal obliga a la búsqueda de soluciones teóricas que, sin desbordar las garantías fundamentales, constituyan herramientas idóneas para una eficaz prevención de los mismos. Por otro lado, la teoría del delito, diseñada a partir de paradigmas sustentados en la conducta humana, no se ha mostrado apta para resolver los delitos cometidos en organizaciones complejas. Se propone, por tanto, la reelaboración de categorías especialmente diseñadas para imputar responsabilidad penal y administrativa a las personas jurídicas. Esta discusión cobra más vida, cuando los esfuerzos de integración de la UE recomiendan una armonización de las legislaciones penales para lograr una política criminal común y los proyectos de código penal de 2007 y 2008 prevén esta forma de responsabilidad.

Esta tercera edición profundiza en la línea de la construcción del sistema de responsabilidad penal propia de las personas jurídicas, especialmente en el ámbito de la imputación subjetiva, donde se encuentran las mayores dificultades. Se propone, así, ahondar en el análisis de la teoría de la imputación objetiva, en tanto el Derecho Civil de daños, la responsabilidad administrativa y también la responsabilidad penal, finalmente recalan en dicha construcción para imputar responsabilidad cuando se trata de comportamientos complejos.