La ejecución dineraria en el orden social tiene unas peculiaridades que derivan de las características propias de un cuerpo normativo cuyo objetivo esencial es la protección de los derechos de los trabajadores.
Estamos ante una obra rigurosa, analítica y sólida que destila el esfuerzo por sistematizar, sintetizar y hacer accesibles todos los recovecos que encierra la normativa que regula la ejecución en el ordenamiento social y su jurisprudencia. En definitiva, se trata de un trabajo ambicioso, pero esencialmente práctico y didáctico.

La Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (LJS), innovó el proceso social en múltiples aspectos, siendo uno de los más destacados el relativo a las medidas cautelares. La monografía se ha estructurado en seis capítulos que abordan, por este orden, aspectos generales sobre medidas cautelares; la tramitación del incidente cautelar en la jurisdicción social; las medidas cautelares específicas en: el proceso declarativo, el proceso de extinción del contrato de trabajo del art. 50 ET y en el de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, así como las específicas del art. 727 LEC en la jurisdicción social, y en el proceso de ejecución. La obra finaliza con un interesante anexo final que recoge un formulario básico de escritos y resoluciones judiciales del incidente cautelar en el proceso social, lo que la convierte en una herramienta imprescindible para todos aquellos interesados en la materia.

La Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (LJS), innovó el proceso social en múltiples aspectos, siendo uno de los más destacados el relativo a las medidas cautelares. La monografía se ha estructurado en seis capítulos que abordan, por este orden, aspectos generales sobre medidas cautelares; la tramitación del incidente cautelar en la jurisdicción social; las medidas cautelares específicas en: el proceso declarativo, el proceso de extinción del contrato de trabajo del art. 50 ET y en el de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, así como las específicas del art. 727 LEC en la jurisdicción social, y en el proceso de ejecución. La obra finaliza con un interesante anexo final que recoge un formulario básico de escritos y resoluciones judiciales del incidente cautelar en el proceso social, lo que la convierte en una herramienta imprescindible para todos aquellos interesados en la materia.