La violencia contra la mujer, por el hecho de ser mujer, es una realidad inapelable en muchos lugares del planeta. La ineficacia judicial frente a esta clase de agresiones propicia en muchos países un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos. Todas las discriminaciones son fruto de la injusticia, pero hacerlo por razón del sexo probablemente conlleve un plus de iniquidad. Subvertir los patrones culturales que la explican es una urgencia moral y un deber jurídico. Los estereotipos de género minan la igualdad y la libertad de los seres humanos. Para ello el Derecho es una herramienta necesaria, pero insuficiente. En el marco de la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 1812, investigadores de varias Universidades de Argentina, Brasil, España, Italia, México, Nicaragua y Portugal examinan diferentes aspectos de esta realidad desde los enfoques propios de cada una de sus disciplinas. El objetivo, proponer soluciones o, al menos, visibilizar el problema.

Una semana después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, firmó una orden clasificada que permitía a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) capturar en el extranjero a las personas que figuraran en una lista de sospechosos de terrorismo internacional de corte yihadista. Este programa secreto de entregas extraordinarias (extraordinary renditions) se ha ejecutado durante años con la connivencia de varios países aliados, entre ellos algunos europeos. En diciembre de 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció la realidad de estos secuestros. La Sentencia vino acompañada de dos votos concurrentes que ponen en evidencia el debate interno en el seno del Tribunal sobre la consideración del derecho a conocer la verdad como un derecho autónomo. Es el tema que aborda esta monografía: la posible concepción del derecho a la verdad, en el marco concreto de las desapariciones forzadas, como un derecho independiente o como un nuevo derecho humano.

Una semana después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, firmó una orden clasificada que permitía a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) capturar en el extranjero a las personas que figuraran en una lista de sospechosos de terrorismo internacional de corte yihadista. Este programa secreto de entregas extraordinarias (extraordinary renditions) se ha ejecutado durante años con la connivencia de varios países aliados, entre ellos algunos europeos. En diciembre de 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció la realidad de estos secuestros. La Sentencia vino acompañada de dos votos concurrentes que ponen en evidencia el debate interno en el seno del Tribunal sobre la consideración del derecho a conocer la verdad como un derecho autónomo. Es el tema que aborda esta monografía: la posible concepción del derecho a la verdad, en el marco concreto de las desapariciones forzadas, como un derecho independiente o como un nuevo derecho humano.

Se presenta la quinta edición de este manual. Ha renovado contenido y actividades, incluyendo un apartado referente a la reciente sucesión en la Corona. Con ello cumple con la finalidad de seguir siendo manual de referencia a la hora del estudio de la materia de Derecho Constitucional. Adaptado a las exigencias didácticas de los estudios de Grado en Derecho, contiene un amplio número de actividades que sirve para satisfacer las actuales demandas didácticas y de evaluación.
Todo ello sin menoscabo del rigor ofrecido por el estudio de las diversas partes que componen la materia de Derecho Constitucional que nos trae este prestigioso grupo de quince profesores pertenecientes a seis universidades públicas.
Se presenta, pues, un libro completo, pormenorizado y actualizado que por su rigor e innovación ha de seguir siendo referencia como manual de Derecho Constitucional para los próximos años.

Tanto en Europa como en Latinoamérica es perceptible un incremento de las referencias comparadas en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Cada vez con mayor intensidad, jueces y tribunales utilizan como criterio de apoyo a la hora de fundamentar sus decisiones lo que se ha dispuesto para casos similares en ordenamientos vecinos. Se genera así una especie de «fondo común» que principalmente en materia de derechos fundamentales está resultando de un extraordinario interés. La historia enseña que las dificultades económicas son el caldo de cultivo perfecto para quienes se empecinan en experimentos que en no pocas ocasiones han desembocado en formas autoritarias de ejercicio del poder político. La Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 1812, en cuyo seno surge esta obra, nace con la intención de crear espacios donde se puedan proponer ideas que coadyuven a revitalizar y fortalecer la libertad y los derechos fundamentales de la persona. Más allá del relativismo cultural, los objetivos, valores y principios del hombre responden a concepciones de la vida que no son tan diferentes. Subrayarlos hará más fácil la comunicación y la solidaridad entre los pueblos.

La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados parte a proteger y asistir a los menores. Sin embargo, cuando de extranjeros no acompañados se trata, es la lógica del control migratorio y del asilo la que se impone. A la luz de los datos recabados sobre la situación de este colectivo en Andalucía, esta monografía presenta algunas propuestas para preservar mejor los derechos de estas personas. Entre otras, proveer cautelarmente al menor de un representante legal con facultades limitadas, mientras que se sustancia el procedimiento necesario para declarar formalmente la situación de desamparo; ordenar la práctica obligatoria de pruebas complementarias distintas a las radiológicas en orden a la determinación de la edad del extranjero cuando su minoría de edad no sea indubitada; implementar programas sanitarios específicos que permitan concederles una atención efectiva; diseñar procedimientos para que los centros de protección puedan cumplir con eficacia la fundamental tarea de que el menor esté documentado en el menor tiempo posible; o, en materia de educación, formar debidamente a los profesionales que con ellos trabajan.