El Estatuto Jurídico de la Víctima del Delito, una futura ley cuya andadura parlamentaria acaba de comenzar en España, va a significar un gran cambio jurídico respecto a las víctimas de delitos que deciden no ser parte en el proceso penal, mientras que si deciden ser parte, aprovechando nuestra larga tradición jurídica, las novedades van a ser de menor trascendencia. En este libro se analizan los antecedentes, tanto internos como comparados, que nos han llevado a la regulación actual, comentando artículo por artículo, en manera ordenada sistemáticamente, todos los preceptos de nuestra inmediata ley, cuyo fundamento directo último es una Directiva europea sobre el tema de 2012, que también se estudia. Antes de entrar en el Estatuto se realiza un estudio profundo de los derechos constitucionales que protegen a la víctima del delito, tanto aquellos que no son procesales, v.gr. el derecho a la dignidad, como los estrictamente procesales, destacando el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la prueba, pasando a continuación a los derechos ordinarios que más le afectan: Derecho a la información, derecho a la asistencia, derecho a la protección, derecho a la participación y derecho a la reparación.

El Estatuto Jurídico de la Víctima del Delito, una futura ley cuya andadura parlamentaria acaba de comenzar en España, va a significar un gran cambio jurídico respecto a las víctimas de delitos que deciden no ser parte en el proceso penal, mientras que si deciden ser parte, aprovechando nuestra larga tradición jurídica, las novedades van a ser de menor trascendencia. En este libro se analizan los antecedentes, tanto internos como comparados, que nos han llevado a la regulación actual, comentando artículo por artículo, en manera ordenada sistemáticamente, todos los preceptos de nuestra inmediata ley, cuyo fundamento directo último es una Directiva europea sobre el tema de 2012, que también se estudia. Antes de entrar en el Estatuto se realiza un estudio profundo de los derechos constitucionales que protegen a la víctima del delito, tanto aquellos que no son procesales, v.gr. el derecho a la dignidad, como los estrictamente procesales, destacando el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la prueba, pasando a continuación a los derechos ordinarios que más le afectan: Derecho a la información, derecho a la asistencia, derecho a la protección, derecho a la participación y derecho a la reparación.

1ª edición.

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