“Los jueces deben utilizar habilidosamente la inteligencia para conseguir la justicia”. Desde esta premisa, el autor propone algunas claves que orienten a los (futuros) jueces en su función de resolución de conflictos en el marco establecido por la Constitución y las leyes. También reivindica la necesidad de una justicia atenta al ciudadano, para lo que propone una serie de cambios en el modelo actual, que ofrece signos inequívocos de agotamiento. El juez autómata, “boca muda que pronuncia las palabras de la ley” y seleccionado a través de un modelo de oposiciones obsoleto e ineficiente, debe ser sustituido por un juez culto, con sentido común, respetuoso con las personas que acuden a su sede y conocedor de la realidad en la que desempeña sus labores. A lo largo de estas páginas (revisadas y actualizadas para la presente edición), el lector podrá recorrer la evolución de la justicia en España desde la dictadura hasta la democracia y, de la mano de las experiencias y opiniones de este magistrado emérito del Tribunal Supremo, formarse una idea de los aspectos que deben concurrir hoy en los jueces para que éstos desempeñen el papel que la sociedad espera de ellos.

El título de este libro se inspira en un fenómeno preocupante que empezó a proliferar a comienzos del este siglo: la injerencia de los jueces en la esfera política. En algunos casos, el poder judicial toma decisiones que corresponderían a los gobiernos o parlamentos y, en otros, malinterpreta o desconoce las normas que debe aplicar, por lo que se inmiscuye también en la tarea legislativa. Esta tendencia (que en el mundo anglosajón se conoce como lawfare, guerra jurídica) ha alcanzado tales dimensiones que amenaza la división de poderes. José Antonio Martín Pallín analiza algunos casos judiciales de gran transcendencia en nuestro país, ejemplos todos de esta invasión de competencias. Pero ¿cuál es el motivo de esta excesiva judicialización? Por un lado, parte de los partidos políticos, que deciden instrumentalizar la justicia con denuncias, querellas o demandas para debilitar a sus oponentes y, por otro, de los jueces que no ponen coto a estas prácticas y que, en lugar de rechazarlas, las admiten a trámite. Por último, la labor de desprestigio se propaga gracias a los medios de comunicación afines, que potencian y legitiman los procesos y sentencias que resultan favorables a sus intereses.
José Antonio Martín Pallín es abogado y comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra). Ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo.

Hace ya algún tiempo, las tensiones de la vida política empezaron a llegar a los juzgados y tribunales para que los jueces las resolvieran. Desde entonces, la judicialización y criminalización de la política se ha llevado a cabo con el aplauso generalizado de muchos partidos. En una sociedad en la que todo se pretende regular por leyes, se deja escaso espacio a los ciudadanos para que solucionen sus conflictos por las vías del convenio, el pacto o las votaciones democráticas. Precisamente por ello, el Poder Judicial ocupa hoy un mayor protagonismo, a veces indeseable, en los espacios públicos, e incluso privados, cuando corresponde solo a los políticos
afrontar las cuestiones que afectan a la buena gobernanza del país. José Antonio Martín Pallín nos advierte de que la división de poderes está en juego y, con ello, la esencia misma de nuestra democracia. Como ejemplo, analiza a conciencia la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo del procéscatalán, y examina los acontecimientos que rodearon a este espectáculo judicial antes, durante y después de su vista oral. Además, ofrece algunas vías que permitirían restablecer ?la mesa de diálogo?, como la amnistía o el indulto, medidas que son perfectamente constitucionales si el objetivo que se persigue es alejar la histórica ?cuestión catalana? del permanente conflicto.
José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ha sido presidente de la Asociación pro Derechos Humanos de España, presidente de la Unión Progresista de Fiscales y portavoz de Jueces para la Democracia.