En esta obra su autora identifica y aplaude la nueva doctrina jurisprudencial que la Sala Primera del Tribunal Supremo parece dispuesta a abanderar a favor de que, también, los autónomos y las Pymes logren expulsar del clausulado predispuesto la cláusula suelo. Hasta el momento, el Tribunal Supremo ha dado la razón: (i) en 2018, a una mercantil sevillana, (ii) en 2019, a un matrimonio de peluqueros navarros, a un mecánico madrileño, y a una mercantil toledana, (ii) en 2020 a una mercantil palense, a un matrimonio de taxistas madrileño y a un mecánico-taller cacereño y, (iv) en 2021, a la fecha del cierre de la revisión de pruebas de esta investigación, a una farmacéutica-óptica gaditana que se subrogó en un préstamo hipotecario. Hasta la fecha, son ya ocho los fallos favorables de entre los cuarenta y un casos analizados en esta obra pero su autora se muestra convencida de que, próximamente, verán la luz numerosas sentencias mas. Considera un acierto, además, que el Tribunal Supremo se esté (pre)ocupando de deslindar el contenido de los deberes de información precontractual que conforma el “control de incorporación/conocimiento” (recurso estrella para la contratación predispuesta entre empresarios, B2B) del “control de transparencia material/comprensión” (recurso estrella para la contratación predispuesta con consumidores, B2C). También aplaude que algunos magistrados del Tribunal Supremo se muestren dispuestos a interpretar el control de incorporación no como un control meramente formal o gramatical (como sigue haciendo cuando se enmascara el control de transparencia) sino como un control de “cognoscibilidad real “, a través del cual se garantice el verdadero “conocimiento”/”incorporación” por parte del adherente sea o no consumidor (ex art 5.5. y 7 LCG). Preocupada, por el distinto trato que reciben, en la actualidad, los consumidores frente a los empresarios y convencida de que estos últimos representan el 99.9% del tejido empresarial de España propone rescatar la propuesta legislativa (fallida) de impulso a la transparencia para que el legislador eleve a rango legal la transparencia extendiéndola, también, a la contratación predispuesta no sólo con los autónomos (tal y como hizo la LCCI) sino con los empresarios (Pymes).

Blockchain está revolucionando las transferencias, no sólo económicas, entre iguales -Peer to Peer (P2P) y (B2B-) en el sector público y privado. Los particulares y las empresas encuentran en esta tecnología una revolucionaria forma de contratar, pagar y transferir con carácter transfronterizo datos, dinero o bienes de forma descentralizada, transparente y segura eliminando costes de intermediación. En esta obra colectiva se analizará el impacto que esta tecnología está produciendo en nuestra economía, en general, y de manera particular, en los sistemas financiero, fiscal, empresarial, notarial, registral y judicial.

Un auténtico Mercado Único Europeo es aquel: (i) en el que la distinción entre compraventa o financiación nacional o transfronteriza, en nuestro caso inmobiliaria, resulta irrelevante, (ii) aquel en el que empresas tecnológicas e innovadoras (FinTech/Crowdlending) puedan «pensar en europeo», (iii) aquél que apuesta por la utilización de las nuevas tecnologías digitales para llegar ágilmente a todos los clientes europeos para comprar, vender o hipotecar bienes inmuebles en cualquier país de la Unión Europea. Sin embargo, la propia Comisión Europea es consciente de que a pesar de que el pasado 1 de enero de 2018 el mercado único europeo cumplía 25 años y a pesar de que durante prácticamente todo ese tiempo las instituciones europeas han tratado de lograr que desaparezcan las barreras nacionales para hacer realidad el libre movimiento de personas, bienes, servicios y capitales aún hoy este objetivo es más una quimera que una realidad. Es por ello que a través de esta obra colectiva se tratan de analizar: (1) las Plataformas de Financiación Participativa, (Crowdfunding de Prestamos -Crowdlending-) como una alternativa sugerente a la financiación bancaria que facilita, además, la contratación inmobiliaria e hipotecaria transfronteriza, junto a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los proveedores de servicios de financiación participativa (PSFP) para empresas de 8 de marzo de 2018 en la que se apuesta, con acierto, por crear creación del pasaporte europeo para que las Plataformas de Financiación Participativa, (2) el «estudio sobre las adquisiciones transfronterizas de bienes raíces residenciales en la UE: Problemas enfrentados por los ciudadanos, realizado por encargo del Parlamento Europeo» (a propósito del estudio Cross Border Acquisitions of residential Property in the EU: Problems Encountered by Citizens, realizado por encargo del Parlamento Europeo»), (3) el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario de 17 de noviembre de 2017 y la Directiva 2014/17/UE del Parlamento y del Consejo de 4 de febrero de 2014 sobre los créditos hipotecarios celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/UE y 2013/36/UE y el Reglamento UE nº 1093/2010, (4) los Proyectos europeos EUFIDES, CROBECO e IMOLA-LRI que apuestan por favorecer la contratación inmobiliaria transfronteriza, (5) el control judicial, notarial y registral de la contratación inmobiliaria e hipotecaria transfronteriza, (6) la fiscalidad, el fraude fiscal y la prevención del blanqueo de capitales, a través del análisis, en particular, de la quinta Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE y del Proyecto BRIS de interconexión Europeo de Registros Mercantiles. Del éxito de tales proyectos depende que el Mercado Único Europeo dejará deje de ser una quimera y pase a ser una realidad.