El turismo colaborativo es, sin duda, el más relevante y habitual exponente de la llamada economía colaborativa. La afectación de este novedoso sistema de ofertas y demandas en el sector turístico sobre las empresas y los establecimientos turísticos tradicionales ha sido notable, afectando a la libre competencia. Su incidencia en el marco regulador de los derechos esenciales de los usuarios turísticos tampoco ha sido menor, especialmente con la intervención de las intermediadoras plataformas digitales colaborativas. El ordenamiento civil, mercantil y administrativo, especialmente sea visto modificado en los últimos quince años por una cierta regulación ad hoc que pudiera conciliar y garantizar todos los intereses, públicos y privados, en juego. Las normativas autonómicas turísticas ofrecen unas reglas mínimas al efecto, aunque no han resultado ser totalmente satisfactorias. La incidencia del turismo colaborativo alcanza también al marco normativo de las relaciones laborales, así como al régimen tributario español.

El marco normativo actual sobre el novedoso mercado de prestación de ciertos servicios turísticos que ha irrumpido como una subespecie de la llamada economía compartida o colaborativa, caracterizada, en principio, por una ausente regulación ad hoc, una utilización de las llamadas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) y la intervención de un tercer sujeto singular que es la empresa intermediadora entre el empresario y el consumidor a través de las conocidas plataformas digitales, es aún deficiente. El inicial intercambio colaborativo de bienes y/o servicios entre ciudadanos (economía del compartir o actividades P2P “peer-to-peer) sin ánimo comercial alguno, evolucionó hacia un nuevo -e indefinido aún- mercado colaborativo, con empresas y ánimo de lucro incluido, no tiene aún una regulación completa y adecuada sobre este mercado turístico colaborativo, y sobre la acción de las plataformas digitales, estando pendiente de regulación. Ante esta situación, las empresas del sector turístico, el legislador y las Administraciones públicas tendrán que evolucionar y ordenar jurídicamente esta actividad turística singular.

Diariamente, los ciudadanos presentan denuncias ante las Administraciones públicas. Y ¿qué sucede? La denuncia administrativa: ¿qué es? ¿por qué existe? ¿para qué se presenta? ¿cómo se formula? ¿quién es el denunciante? ¿y el denunciado? ¿qué hechos son denunciables? ¿qué debe hacer la Administración ante la denuncia recibida? ¿qué derechos y deberes tienen unos y otros sujetos? Preguntas debidas que reclaman respuestas. El Derecho Administrativo no contiene aún una regulación adecuada de la denuncia administrativa, con la excepción de la denuncia formulada ante la Administración tributaria o ante la Administración laboral, por ofrecer una regulación reglamentaria específica ya consolidada. Es cierto que la Ley 39/2015 introduce mejoras en la escasa regulación administrativa general entonces vigente, pero, considerando la normativa sectorial existente, la jurisprudencia emitida y la doctrina científica, continúa siendo insuficiente, como se constata en esta obra.

Autores La llamada economía colaborativa (sharing economy) ha desarrollado diferentes modelos de negocio y hábitos de consumo con un denominador común: la utilización de plataformas digitales como instrumento indispensable para el intercambio de bienes y/o servicios en el mercado. Estas plataformas digitales han alterado las relaciones jurídicas de los sujetos tradicionales (empresario, productor, mediador, consumidor).
Uno de los sectores económicos más expansivos y, por tanto, necesitados de desarrollo regulatorio es el turismo. Plataformas de turismo colaborativo, especialmente las facilitadoras de alojamientos (Airbnb, de forma destacada) han convertido a las viviendas de uso turístico en un producto altamente competitivo para el sector de los alojamientos turísticos.
Esta obra colectiva aporta un enfoque totalizador en torno al Derecho del turismo colaborativo, hasta ahora inexistente dentro de la bibliografía jurídica. Su parte general y parte especial, así como su transversalidad (mercantil, civil, laboral y administrativa), configuran una obra singular y de referencia futura ante la apasionante evolución jurídica que se avecina y que en un futuro inmediato deberá dar respuesta a esta nueva realidad.

Este Manual pretende abordar una materia nuclear de nuestro Derecho Administrativo, el Derecho del empleo público, con una Ley básica de muy pocos años, pero huérfana de desarrollo, y que algunas autorizadas voces aconsejan ya modificar, desde la necesidad de responder a los nuevos condicionantes académicos de concentración de conocimientos, versatilidad de enfoques para la aproximación a los distintos temas e instituciones y, sobre todo, proporcionalidad en relación a la duración, contenidos y sistemas de evaluación de las nuevas asignaturas de Grado. La nueva y reciente planificación de los estudios universitarios, inspirada en el llamado “Plan Bolonia” o Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), debe repercutir, no sólo en la impartición de las clases y en la posterior evaluación del alumnado, sino también en algo previo: la elaboración misma de cualquier material docente que pretenda ser útil. Se trata de una obra “básica” no sólo en el sentido jurídico-normativo formal, sino desde una, más que necesaria, perspectiva funcional y material, desde el análisis crítico, pero accesible, de los elementos centrales, y por tanto, no contingentes, de un sector del ordenamiento que, también en crisis, precisa más de innovación que de reformas coyunturales.Los autores, jóvenes profesores universitarios con experiencia docente en la materia, han sido conscientes de este reto, del fin específico de la obra y, por tanto, del camino a seguir, elaborando así este Manual con el fin de servir como instrumento importante para el aprendizaje del alumno pero también como herramienta útil para la labor docente y evaluadora del profesor. Su claridad y concisión, y su pretendido enfoque práctico, pueden ser útiles no obstante también para otros profesionales, así como para quienes se acerquen por primera vez a esta disciplina jurídica.
ÍNDICE: BLOQUE TEMÁTICO I.. INTRODUCCIÓN AL MODELO ESPAÑOL DE EMPLEO PÚBLICO Y SUJETOS DE LA RELACIÓN JURÍDICO-FUNCIONARIAL.. Capítulo 1. EL SISTEMA DE EMPLEO PÚBLICO EN ESPAÑA: EVOLUCIÓN, CONCEPTO Y CARACTERES.. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS UTILIZADAS Y MATERIAL DE APOYO.. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.. A) Lectura comprensiva.. B) Supuesto práctico.. C) Test de autoevaluación.. CAPÍTULO 2. CONFIGURACIÓN CONSTITUCIONAL Y ORDENACIÓN ESTRUCTURAL BÁSICA DEL SISTEMA DE EMPLEO PÚBLICO.. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS UTILIZADAS Y MATERIAL DE APOYO.. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.. A) Lectura comprensiva.. B) Supuesto práctico.. C) Test de autoevaluación.. CAPÍTULO 3. TIPOLOGÍA Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS UTILIZADAS Y MATERIAL DE APOYO.. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.. A) Lectura comprensiva.. B) Supuesto práctico.. C) Test de autoevaluación.. BLOQUE TEMÁTICO II.. CONSTITUCIÓN, DESARROLLO Y EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO. CAPÍTULO 4. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO.. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS UTILIZADAS Y MATERIAL DE APOYO.. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.. A) Lectura comprensiva.. B) Supuesto práctico.. C) Test de autoevaluación.. CAPÍTULO 5. CARRERA PROFESIONAL, PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y MOVILIDAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. . FUENTES BIBLIOGRÁFICAS UTILIZADAS Y MATERIAL DE APOYO.. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.. A) Lectura comprensiva.. B) Supuesto práctico.. C) Test de autoevaluación.. CAPÍTULO 6. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS Y EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN DE SERVICIO. . FUENTES BIBLIOGRÁFICAS UTILIZADAS Y MATERIAL DE APOYO.. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.. A) Lectura comprensiva.. B) Supuesto práctico.. C) Test de autoevaluación.. BLOQUE TEMÁTICO III.. EL CONTENIDO ESENCIAL DE LA RELACIÓN DEL EMPLEADO PÚBLICO: . SUS DERECHOS Y DEBERES.. CAPÍTULO 7. LOS DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. . FUENTES BIBLIOGRÁFICAS UTILIZADAS Y MATERIAL DE APOYO.. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.. A) Lectura comprensiva.. B) Supuesto práctico.. C) Test de autoevaluación.. CAPÍTULO 8. LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. . FUENTES BIBLIOGRÁFICAS UTILIZADAS Y MATERIAL DE APOYO.. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.. A) Lectura comprensiva.. B) Supuesto práctico.. C) Test de autoevaluación.. CAPÍTULO 9. LOS DEBERES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. . FUENTES BIBLIOGRÁFICAS UTILIZADAS Y MATERIAL DE APOYO.. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.. A) Lectura comprensiva.. B) Supuesto práctico.. C) Test de autoevaluación.. CAPÍTULO 10. LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS UTILIZADAS Y MATERIAL DE APOYO.. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA.. A) Lectura comprensiva.. B) Supuesto práctico.. C) Test de autoevaluación..

La protección jurídica del patrimonio de las Administraciones Públicas cobra una especial importancia cuando se trata de los bienes de las Administraciones locales, por ser éstas las entidades públicas territoriales con menos recursos y, sin embargo, las más cercanas a los ciudadanos. Resulta esencial la garantía de las posesiones y las propiedades públicas frente a las usurpaciones y los expolios ocasionados por los particulares, la protección que ofrece así la principal potestad atribuida a la Administración local para la defensa de su patrimonio: la llamada recuperación de oficio, también denominada reintegro posesorio o interdicto administrativo. La actual normativa reguladora de esta prerrogativa administrativa es absolutamente insuficiente y deficiente. Tanto la regulación de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, como la del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, ofrecen escasa calidad técnica; y tampoco resultan aceptables las sucintas regulaciones reglamentarias autonómicas de los bienes locales que han sido también objeto de la obra. El análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial que se ha realizado en este estudio lo confirma, demandando una urgente revisión del marco normativo vigente. La obra pretende contribuir a esta reforma delimitando la recuperación posesoria de otras potestades administrativas protectoras del patrimonio público como son el deslinde o la autodefensa posesoria, esclareciendo el objeto y el sujeto principal presente en esta institución administrativa, diseccionando el procedimiento administrativo requerido para el ejercicio de la potestad y, sobre todo, utilizando la doctrina civilista en la exposición de los dos elementos institucionales más confusamente tratados en el Derecho administrativo: la finalidad y la causa de la recuperación de oficio.