Al igual que ha sucedido con otros muchos aspectos, la enfermedad COVID-19 ha alterado la tradicional delimitación de las contingencias (comunes o profesionales) en el ámbito de la Seguridad Social española. Así, según las circunstancias concurrentes en cada supuesto, los períodos temporales de aislamiento preventivo o confinamiento total como también el contagio del virus SARS-CoV-2 de personas trabajadoras (por cuenta ajena, propia o funcionarias) puede merecer la calificación de enfermedad común, accidente de trabajo, situación asimilada a accidente de trabajo e, incluso, enfermedad profesional. El problema es que, junto al régimen jurídico básico existente (arts. 156, 157 y 158 LGSS; arts. 316 y 317 LGSS), es necesario acudir hoy a muy diversa normativa de urgencia. En efecto, desde que el RDLey 6/2020, de 10 de marzo, introdujera ex novo en nuestro sistema de protección social pública la excepcional figura de la asimilación a accidente de trabajo hasta la publicación del RDLey 27/2020, de 4 de agosto, han sido un total de seis normas de urgencia las que de un modo directo han incidido en tan compleja cuestión. Con todo, y frente a lo que pudiera pensarse, el de la calificación de la contingencia de la enfermedad COVID-19 no es un tema cerrado. Antes al contrario; junto a la constante reformulación del contenido y alcance de la asimilación a accidente de trabajo, a tal efecto son de esperar muy numerosas reclamaciones judiciales en orden a la correcta recalificación de la contingencia como accidente de trabajo y, muy especialmente, como enfermedad profesional. Fundamentalmente, por referencia a cuantas personas trabajadoras se han encontrado más expuestas al virus. Pues bien, sobre la base de la normativa de urgencia existente, así como de la muy numerosa práctica administrativa dictada al respecto, la presente obra pretende dar cuenta de todo ello de tal manera que la calificación de la COVID-19 como contingencia común o profesional no constituya un problema de difícil resolución para cuantos intérpretes jurídicos se aproximen a esta específica materia.

Tanto por su importancia cuantitativa cuanto por las intensas innovaciones normativas de los últimos tiempos, los trabajadores autónomos constituyen un colectivo merecedor de la máxima atención desde la perspectiva de sus derechos, obligaciones o protección social. La presente legislación se abre con el Estatuto del Trabajo Autónomo (§1), complementado con su desarrollo reglamentario sobre TRADEs (§2) y los Consejos relacionados (§3); se incorporan las importantes innovaciones derivadas de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social o de la Reforma Laboral de 2012 (en materia de fomento del empleo y capitalización de las prestaciones). En la parcela de Seguridad Social la recopilación incluye la versión vigente del Decreto 2530/1970 (§4.1), así como su Orden de desarrollo (§4.2) y las disposiciones sobre protección por cese de actividad, incluido el RD 1541/2011, de 31 de octubre (§5). Otros dos apartados de seleccionadas disposiciones atienden al Fomento de la actividad de los autónomos (IV) o a la tutela administrativa de todas estas prescripciones (V). Los habituales índices de conceptos alfabéticos y cronológico de disposiciones citadas completan esta legislación, cerrada a febrero de 2012 y que, a buen seguro interesará a los profesionales directamente implicados en la materia (Asesores, Graduados Sociales, Abogados), pero también a los propios afectados o a sus organizaciones profesionales.

Hasta hace bien poco, la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de los trabajadores autónomos apenas sí ha merecido consideración alguna. En concreto, no ha sido sino hasta la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, primero, y la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, después, cuando ha venido a reconocerse expresamente en nuestro ordenamiento jurídico semejante derecho. Con todo, aun compartiendo similares necesidades al respecto, las posibilidades de dar efectiva satisfacción a las mismas resultan para los trabajadores autónomos mucho más complicadas que para los trabajadores por cuenta ajena. Entre otras cosas, porque aquéllos carecen de los instrumentos arbitrados a favor de estos últimos por el ordenamiento laboral. De ahí que la atención de las responsabilidades familiares de los trabajadores autónomos haya de enfocarse de un modo muy distinto pues ciertamente distintos son los puntos de partida a tener en cuenta respecto de un tipo u otro de trabajadores. Pues bien, tomando siempre como obligado punto de partida los referentes normativos que se acaban de indicar junto a otros de muy diverso contenido y alcance, en el presente trabajo ha parecido oportuno revisar el estado actual de la cuestión para, sobre la base de las conclusiones obtenidas, efectuar una modesta pero ambiciosa batería de propuestas de reforma que contribuyan a mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de un colectivo cada vez más importante en nuestra sociedad.