Las huelgas y las acampadas del 15-M, las ocupaciones de centros sanitarios y educativos, los rodeos a los parlamentos o las concentraciones contra los desahucios deberían verse como formas legítimas de crítica frente al vaciamiento de derechos de todos. Pero la realidad es muy distinta. La impunidad de los poderes financieros y los recortes sociales conviven con políticas de criminalización de la protesta reñidas con los más elementales principios garantistas; la propuesta de reforma del Código Penal o la llamada “Ley mordaza” son solo algunos ejemplos de ello. La bestia del poder concentrado, incontrolado, se ha quitado el bozal y amenaza con aplastar libertades ganadas con gran esfuerzo. Solo la movilización ciudadana y la radicalización democrática pueden impedirlo. Como dice Ada Colau en su prólogo a esta obra, “frente a los discursos del miedo, este libro resulta una herramienta fundamental para recordar que tenemos derechos, sí, pero que solo podremos gozar de ellos si estamos dispuestos a defenderlos y a reconquistarlos tantas veces como sea necesario”.

Prólogo de Ada Colau.

El Derecho y el discurso jurídico desempeñan un papel central en la configuración de las relaciones de poder. Para imponerse, una actuación policial o un programa de ajuste económico necesitan de la fuerza. Pero también de su capacidad para apelar al Derecho, a la legalidad, como fuente de justificación.
Tras la derrota del fascismo, la legalidad que los propios estados invocan en sus actuaciones se ha vuelto exigente. Se ha enriquecido con tratados, constituciones y cartas que reconocen derechos humanos y principios garantistas. Estos principios entrañan límites y controles a poderes de todo tipo, públicos y privados, de Estado y de mercado.
Los textos que componen este libro intentan mostrar cómo, en tiempos de crisis y movilizaciones, esta legalidad garantista se convierte en un espejo incómodo. Porque refleja la arbitrariedad jurídica, además de ético-política, de muchas actuaciones del poder realizadas en nombre del Derecho. Pero también porque permite juzgar de otro modo los actos de protesta y de desobediencia ciudadana que se alzan contra ellas. No ya como actos delictivos, objeto de criminalización, sino como herramientas legítimas, incluso necesarias, para forzar al poder a cumplir su propia legalidad y para fundar marcos jurídicos más igualitarios y libres de violencia.
• Gerardo Pisarello es profesor de derecho constitucional de la Universitat de Barcelona. Jaume Asens es miembro de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona y de la ACDDH. Ambos integran, además, el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).

1ª edición.

La exigencia de democracia real en diferentes rincones del mundo permite constatar una paradoja. Al tiempo que la democracia se presenta como el más legítimo de los regímenes políticos, la mayoría de elementos con los que se identifica se encuentra en crisis. Las concepciones liberales dominantes suelen minimizar la distancia entre el ideal democrático y su práctica efectiva. Para ello, lo reducen a una simple técnica de recambio periódico de las élites gobernantes. La hipótesis de este ensayo es que esta concepción restrictiva de la democracia oculta su sentido histórico más profundo. Y acaba dando cobertura a regímenes que, cada vez más, operan como oligarquías isonómicas, es decir, con algunas libertades públicas.
A partir precisamente de la clásica contraposición aristotélica entre democracia y oligarquía, o mejor, entre Constitución democrática y Constitución oligárquica, este libro repasa críticamente teorías y prácticas que, a lo largo de la historia, han procurado despojar al principio democrático de su componente igualitario y emancipatorio, marginándolo o reduciéndolo a una pieza inofensiva de la organización social. En la crisis actual, esta lectura permite constatar cómo, con aparentes credenciales democráticas, lo que se abre paso política y jurídicamente es un constitucionalismo antidemocrático con fuertes rasgos oligárquicos

Un proceso constituyente es un conjunto de actos que conducen a la aprobación de una nueva Constitución. Las situaciones en que puede activarse son diversas. Por ejemplo, cuando una comunidad política decide conformarse en un Estado o en una república. O simplemente, cuando un régimen es cuestionado de manera tan radical que debe dar paso a una nueva organización institucional y social.
La noción de proceso constituyente se remonta a la Revolución francesa, pero ha reaparecido con fuerza, en los últimos años, en diversos países de América Latina, África y Europa. También en el caso español, la demanda de un proceso constituyente ha dejado de ser inactual. No porque se inscriba en un horizonte inminente, sino porque comienza a ser percibida como una sensata forma de defensa ciudadana frente a un retroceso social y democrático clamoroso.

La caracterización de los derechos sociales como derechos de los sujetos más débiles o en mayor situación de vulnerabilidad, explica que su reivindicación y su consagración jurídica recluten partidarios entre quienes poseen una sensibilidad igualitaria. Lo cierto, sin embargo, es que el reconocimiento positivo de los derechos sociales está lejos de haberlos convertido en expectativas plenamente exigibles frente al poder, o en instrumentos aptos para asegurar las necesidades básicas y la autonomía de sus destinatarios. Aunque la vulneración de los derechos sociales obedece sobre todo a las desigualdades de poder existentes en la sociedad, se explica también por la percepción devaluada que se tiene de ellos en relación con otros derechos considerados fundamentales. La porfiada vigencia, entre los operadores jurídicos, de la tesis de los derechos sociales como simples principios rectores o como derechos no justiciables, es sólo una de las pruebas de esa arraigada concepción.
Este libro explora de manera crítica algunos de los argumentos que dan cobertura a la tesis de la «minoría de edad» de los derechos sociales en cuatro niveles discursivos: el de historia de los derechos, el de filosofía normativa, el de teoría jurídica y el de la dogmática constitucional. Asimismo, ofrece elementos para repensar sus garantías políticas y jurídicas desde una perspectiva genuinamente democrática, participativa y multinivel.