¿Es válido un contrato por el que las partes se obligan a no ejercitar determinadas acciones judiciales? ¿Lo es un contrato por el que las partes se obligan a no proponer un documento como medio de prueba? ¿Y un contrato por el que las partes se obligan a no recurrir una futura sentencia, a no solicitar medidas cautelares o a no ejercitar acciones ejecutivas? ¿Cuál es realmente el objeto de estos contratos? ¿Qué consecuencias procesales o materiales tendría su incumplimiento? Todos estos contratos tienen un elemento en común: en todos ellos la prestación debida la constituye un comportamiento procesal con trascendencia constitucional. A través de estos contratos las partes se obligan a hacer o no hacer un acto por el que se ejercita alguno de los derechos que integran el derecho a la tutela judicial efectiva: el derecho de acceso a la jurisdicción, el derecho a usar los medios de prueba pertinentes, el derecho de acceso a los recursos, el derecho a la tutela cautelar o el derecho a la ejecución. Se puede decir, por ello, que son contratos procesales que comportan una disposición contractual del art. 24 CE. Esta obra estudia en profundidad este tipo de negocios procesales. En la primera parte se analiza la relación entre la autonomía de la voluntad y el derecho a la tutela judicial efectiva. En la segunda parte se desarrolla una teoría general del negocio procesal y en la tercera se examinan contratos procesales específicos. Se aspira, de este modo, a identificar los elementos necesarios para poder fijar su objeto, sus criterios de validez y su eficacia procesal y material.

En el presente Tomo se incluyen cinco monografías relativas a las disposiciones generales del proceso civil. Clara Fernández Carrón aborda el análisis de las normas sobre jurisdicción y competencia, tratando los problemas que se plantean frecuentemente en relación con ambas cuestiones. Carmen Samanes Ara examina el régimen de las partes en el proceso, incluyendo los problemas de capacidad, representación, rebeldía, legitimación, pluralidad o sucesión procesal. Juan Francisco Herrero Perezagua desarrolla la siempre compleja cuestión del régimen de las costas procesales, una materia fundamental a la hora de abordar un litigio, analizando las reglas, las excepciones y los problemas que plantea el pronunciamiento judicial sobre esa materia. Fernando Gascón Inchausti expone tanto la acumulación de acciones, inicial y sobrevenida, como la de procesos, materia de gran relevancia en una época de litigación masiva. Ignacio Cubillo López dedica su libro a las actuaciones procesales y a la incidencia que en ellas ha producido la aparición de un nuevo proceso civil telemático.
En cada una de las monografías no solo se analiza el régimen legal de las diferentes materias, sino que, al hilo de la exposición, se seleccionan y comentan las principales sentencias de los distintos Tribunales que se han pronunciado sobre ellas, aportando así al profesional y al estudioso una información imprescindible para conocer cómo se aplica la Ley de Enjuiciamiento Civil a los veinte años de su publicación.