Ese libro está pensado inicialmente para apoyar la enseñanza del Derecho urbanístico en los planes de estudio de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Por largo tiempo, hasta finales de los años noventa, el Derecho urbanístico fue fundamentalmente estatal, con desarrollos más o menos innovadores en algunas comunidades autónomas. Tras la STC 61/1997, que declaró inconstitucional una buena parte del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, el Derecho urbanístico pasó a ser básicamente autonómico (y municipal), si bien sometido a ciertas "condiciones básicas" estatales que impiden divergencias sustanciales entre los distintos Derechos autonómicos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el estatuto de la propiedad urbana. En la Comunidad de Madrid, el Derecho urbanístico general se contiene en la Ley madrileña 9/2001, de 17 de julio, del Suelo (LSM), reformada muchas veces. A esta regulación autonómica se han superpuesto, de forma muchas veces problemática, varias leyes estatales de suelo, fundamentalmente el Texto Refundido estatal de 2008, la posterior Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas y, finalmente, el vigente Texto Refundido estatal de 2015. Las contradicciones estructurales entre la LSM y el Derecho estatal de suelo son cada vez más notorias. Mientras que la LSM sigue teniendo como perspectiva reguladora la expansión de las ciudades, el Texto Refundido estatal de 2015 ya opta claramente por la recuperación y renovación de la ciudad consolidada. Es bien posible que, a no mucho tardar, la LSM se acomode a la perspectiva legislativa estatal. Mientras tanto, la explicación del Derecho urbanístico en la Comunidad de Madrid ha de centrarse en la LSM, si bien una buena parte de sus preceptos han de completarse e interpretarse de conformidad con la legislación estatal de suelo. Tal es el patrón expositivo seguido en este libro.

Quienes nos dedicamos al estudio del Derecho administrativo y de la Administración tendemos a trasladar la imagen de que ambos fenómenos sociales son universales, necesarios y homogéneos. Casi naturales a la condición humana. Los datos del Derecho positivo de cada país serían simples matices o evoluciones transitorias singulares de un fenómeno en sí uniforme. La misma premisa implícita de homogeneidad está presente, con más claridad aún, en la ciencia de la Administración. Así, los estudios contemporáneos sobre el New Public Management (NPM) o sobre la gobernanza parten de la premisa implícita de que la Administración pública, en tanto que fenómeno universal, es analizable mediante las mismas preguntas e indicadores. Pero ahora, en nuestro tiempo, cobra fuerza la idea de diversidad, como rasgo característico de las sociedades contemporáneas. Y esta idea de diversidad ya ha empezado a condicionar la comprensión y análisis de la Administración y del Derecho administrativo. A partir de aquí, podría pensarse que ha perdido sentido hablar de la Administración y del Derecho administrativo como categorías universales. Tal orientación sería tan incorrecta como la negación de la diversidad. Primero, porque aunque ahora prestemos más atención a lo diverso, lo cierto es que lo hacemos en un marco cognitivo prefigurado, que incluye un concreto estereotipo de Administración pública y otro de Derecho administrativo. En segundo lugar, la sublimación de la diversidad no explicaría con precisión una realidad administrativa que, aunque ahora la apreciemos en todas sus variaciones estatales o locales, en términos objetivos es crecientemente homogénea.

La distinción entre público privado es, históricamente, la summa divisio del Derecho. Y también es una realidad contemporánea: sigue presente en nuestra argumentación jurídica y en nuestros textos normativos. La pregunta es, entonces, si la oposición entre Derecho público y Derecho privado tiene algún significado asequible y útil. Bien el que ofrezca la tradición, bien otro contemporáneo. En el libro se analizan, en primer lugar, los diferentes intentos doctrinales de distinción entre Derecho público y Derecho privado. Todos ellos resultan, por una u otra razón, insuficientes. Esto es, sin capacidad explicativa real. Sentada esta premisa, y con el objetivo de dar algún sentido contemporáneo a la summa divisio, en el libro se sientan varias premisas metodológicas que dotan de racionalidad a la propuesta. La primera es el carácter contextual o relativo de toda explicación sobre la summa divisio, limitada al Derecho de cada país y en cada momento histórico. La segunda premisa metodológica es la realidad eminentemente sectorial del Derecho y, en relación con ello, el carácter adjetivo y no sustantivo de la summa divisio. Esto es: no hay un Derecho público ontológicamente diferenciable del Derecho privado sino formas de Derecho público o de Derecho privado más o menos presentes en cada sector del ordenamiento. A partir de estas premisas metodológicas, se ensaya una identificación del contexto jurídico contemporáneo, para el Derecho español actual, en el cual pueda tomar sentido la summa divisio. Ese contexto se define por la interacción de: preeminencia de la Constitución y uniformización axiológica de todo el ordenamiento; indistinción progresiva en los destinatarios de las normas; previsión constitucional de dos organizaciones públicas encargadas del cumplimiento de las normas: la Administración y el poder judicial; la estructura territorial del Estado, y la estructura de órdenes jurisdiccionales. En el contexto contemporáneo así definido la summa divisio no se refiere a diferencias valorativas o sustantivas en las normas, sino en cuál es la organización pública a la que las leyes, en cada caso, confían su cumplimiento efectivo. Cada sector normativo (telecomunicaciones, transporte, protección de los consumidores, familia, etc.) encarga en mayor o menor medida a la Administración pública, o a los jueces, el cumplimiento efectivo de las normas de conducta. Y en la misma medida podemos hablar de mayor o menor iusprivacidad o iuspublicidad en cada sector normativo.

La implantación obligatoria del nuevo título de grado en Derecho, impuesta por la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el marco del proceso de convergencia iniciado por la Declaración de Bolonia de 1999, implica profundos cambios en la forma en que las diferentes disciplinas jurídicas son expuestas por los profesores y estudiadas por los alumnos en las Universidades españolas. Así, el nuevo crédito ECTS, junto con la tradicional enseñanza a través de lecciones magistrales, asigna un papel capital, en el proceso de adquisición por los estudiantes de los conocimientos, capacidades y destrezas correspondientes, a las «clases lectivas prácticas» así como a la realización de otras «actividades académicas dirigidas», como seminarios o trabajos, con la convicción de que la enseñanza práctica debe asumir una mayor relevancia en nuestra Universidad.
El panorama de los libros de texto y manuales universitarios en España ha carecido hasta el momento de recursos que respondan a las necesidades que, tanto para el profesor como para el alumno en la preparación de la asignatura, plantea el nuevo sistema de enseñanza universitaria. Con la colección Textos y Materiales, la Editorial Thomson Reuters Civitas pretende colmar esa laguna ofreciendo un compendio articulado y coherente de fuentes documentales primarias de las distintas materias que figuran en los planes de estudio del grado en Derecho, completadas con las explicaciones y referencias bibliográficas necesarias para su adecuado uso.

Ese libro está pensado inicialmente para apoyar la enseñanza del Derecho urbanístico en los planes de estudio de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Por largo tiempo, hasta finales de los años noventa, el Derecho urbanístico fue fundamentalmente estatal, con desarrollos más o menos innovadores en algunas comunidades autónomas. Tras la STC 61/1997, que declaró inconstitucional una buena parte del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, el Derecho urbanístico pasó a ser básicamente autonómico (y municipal), si bien sometido a ciertas «condiciones básicas» estatales que impiden divergencias sustanciales entre los distintos Derechos autonómicos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el estatuto de la propiedad urbana. En la Comunidad de Madrid, el Derecho urbanístico general se contiene en la Ley madrileña 9/2001, de 17 de julio, del Suelo (LSM), reformada muchas veces. A esta regulación autonómica se han superpuesto, de forma muchas veces problemática, varias leyes estatales de suelo, ahora integradas en el Texto Refundido estatal de 2015. Las contradicciones estructurales entre la LSM y el Derecho estatal de suelo son cada vez más notorias. Mientras que la LSM sigue teniendo como perspectiva reguladora la expansión de las ciudades, el Texto Refundido estatal de 2015 ya opta claramente por la recuperación y renovación de la ciudad consolidada. La LSM se va adaptando poco a poco a la perspectiva legislativa estatal, a través de reformas parciales, como la introducida por la Ley madrileña 11/2022, de 21 de diciembre.