El actual proceso de digitalización de la práctica totalidad de los sectores está transformando la lógica económica que impera en muchos mercados. En ellos, los datos han pasado a ser el principal recurso esencial para la competencia, actuando en unos casos como contraprestación por servicios digitales y, en otros, como el pedestal sobre el que las grandes empresas asientan su posición de dominio en el mercado. Una posición de dominio que se retroalimenta. La actividad de las grandes empresas tecnológicas que dominan estos mercados se basa en la acumulación e interpretación de estos datos (big data), su procesamiento a través de algoritmos y el empleo de inteligencia artificial para adoptar decisiones en el mercado o implementar smart contracts. Su objetivo es conseguir el cierre anticompetitivo del mercado, fortalecer su posición de dominio y expandir sus actividades a otros mercados conexos (market leveraging). La presente obra analiza algunos de los principales retos a los que ha de hacer frente el Derecho de la competencia en esta economía de los datos, tanto desde la perspectiva sustantiva -considerando algunas de las principales infracciones que pueden tener lugar en este contexto-, como desde la procedimental -estudiando cómo se pueden adaptar los instrumentos de aplicación pública y privada del Derecho antitrust para afrontar adecuadamente los desafíos de la era digital.

La Comisión Europea introdujo en 2008 el procedimiento de transacción en casos de cártel (settlements) siguiendo la práctica estadounidense de los plea bargain y de otras autoridades de competencia que utilizaban también instrumentos negociados para la resolución de expedientes en materia antitrust. En esta obra se exploran los distintos modelos y opciones regulatorias existentes, considerándose que, en general, se trata de un instrumento que permite acelerar los expedientes por infracciones del Derecho de la competencia basándose en el reconocimiento de la conducta y de la responsabilidad en la misma por parte de las empresas infractoras. Ello permite a la autoridad de competencia reducir el tiempo y los recursos que ha de invertir en la tramitación del procedimiento, pudiendo resolver el asunto de forma más rápida. A cambio de su colaboración, se concede a los infractores que confiesan su responsabilidad en la infracción una reducción del importe de la sanción a la que se enfrentarían (un 10% para casos de cártel ante la Comisión Europea). En España, se plantea la introducción de la transacción en procedimientos de competencia a través del nuevo artículo 50.bis que prevé el Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Esta obra analiza desde una perspectiva crítica el diseño de este instrumento, considerando su potencialidad real en nuestro país, los principales problemas que pueden derivar de su uso y su encaje sistemático dentro de los instrumentos de aplicación pública y privada de la normativa antitrust.

La actual reforma del Derecho marítimo español operada a través de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima hace necesario repensar y sistematizar el nuevo régimen jurídico aplicable a los principales contratos de la navegación. Esta obra ofrece un completo análisis de las formas contractuales a través de las cuales se articula el transporte marítimo de pasajeros, siendo el pasaje y el crucero los contratos que la normativa toma como arquetipos. Además de ello, el transporte marítimo de pasajeros juega un papel central en la consecución del principio de continuidad territorial, cubriendo una importante función de interés público; al mismo tiempo, la prestación de tal servicio ha de considerarse a la luz de la normativa de defensa de la competencia. La Ley de Navegación Marítima ha permitido superar la anticuada regulación del Código de Comercio de 1885, toda vez que la interpretación de la nueva Ley ha de ser armonizada con los Reglamentos comunitarios sobre la responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente –R. (CE) 392/2009- y sobre los derechos de los pasajeros que viajen por mar y por vías navegables –R. (UE) 1177/2010-, así como con la normativa nacional e internacional en materia de seguridad. Dichas normas han supuesto la modernización de la disciplina por lo que respecta a la responsabilidad y a los derechos de los pasajeros. Sin embargo, es necesario trazar los adecuados puentes de conexión que permitan encajar sus reglas con el nuevo Derecho marítimo construido en la Ley de Navegación, cuyo articulado es igualmente analizado en esta obra. Tras un encuadramiento del sector y de la normativa, en este libro se analizan los caracteres y elementos de los contratos de pasaje y crucero, el contenido de las prestaciones que implican su ejecución, las distintas formas de incumplimiento contractual y sus consecuencias jurídicas, y la responsabilidad del transportista en caso de accidentes durante la navegación.

La construcción de un modelo eficiente de gobierno corporativo ha de ofrecer un tratamiento adecuado al cumplimiento de los deberes contables. Pese a ello, el tratamiento que los ordenamientos jurídicos ofrecen a la elaboración de la información contable resulta incompleto, entre otros motivos porque el incumplimiento de los deberes contables no lleva normalmente aparejada una sanción directa para el sujeto que los incumple. Como información sobre la situación económica y financiera de la sociedad, existe un interés público en la contabilidad, y ésta puede servir como base de juicio que empleen sujetos internos y externos a la empresa, para la adopción de sus decisiones. De la disposición de una información falsa o inexacta al respecto, se puede derivar un daño injustificado a la propia sociedad, a los socios o a terceros, que podrán ejercitar las acciones precisas para el resarcimiento del daño producido. Desde una perspectiva preventiva, para evitar la producción de tales daños se pueden prever –a través de la corporate governance– mecanismos de control que reduzcan el riesgo de ofrecer una información errónea. Estos controles se podrán ejercitar por parte de sujetos internos o externos (auditores) a la estructura de la sociedad, y tendrán una configuración distinta en función de que la sociedad adopte una estructura monista o dualista de gobierno. Ello nos sitúa de frente a una eventual situación de concurrencia de culpas, puesto que los distintos sujetos que intervienen en el proceso de elaboración de la información contable vuelcan su actuación sobre el mismo documento: las cuentas anuales. Resulta por tanto crucial determinar la contribución efectiva de cada uno para analizar su grado de responsabilidad en la producción del daño.