El presente volumen incorpora la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Se trata de una norma largamente esperada, llamada a convertirse en una parte fundamental del Derecho Administrativo. Es de aplicación a todas las Administraciones territoriales y Entidades de Derecho Público, tanto estatales, como autonómicas o locales, incluidas las Universidades Públicas, a las Entidades gestoras de la Seguridad Social y a las mutuas de accidentes de trabajo, a otros poderes del Estado y a las Corporaciones de Derecho Público (en ambos casos en relación con sus actividades sujetas al Derecho Administrativo), a las sociedades mercantiles de capital mayoritariamente público, a las fundaciones del sector público, a partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, al resto de entidades privadas que perciban un porcentaje significativo de financiación pública y a todas las personas físicas y jurídicas distintas de las anteriores que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas. La Ley establece límites a la transparencia (entre ellos, la protección de datos) y regula tanto la publicidad activa a través de internet de toda una serie de informaciones de la máxima relevancia, como la publicidad pasiva mediante el planteamiento de solicitudes individuales sobre cualquier otra materia. Además, incorpora un Título II sobre Buen Gobierno en que se contempla un catálogo de infracciones y sanciones por actuaciones de los altos cargos y un Título III que prevé la creación de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, regulando su composición y funciones. La obra va precedida de un estudio introductorio del Prof. EMILIO GUICHOT, Catedrático acreditado de Derecho Administrativo y reconocido experto en la materia, sobre la que ha publicado diversos trabajos. Ha participado en la elaboración y estudio de la Ley como experto nombrado a tal fin en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y como compareciente ante la Comisión constitucional del Congreso de los Diputados.

El presente volumen incorpora la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Se trata de una norma largamente esperada, llamada a convertirse en una parte fundamental del Derecho Administrativo. Es de aplicación a todas las Administraciones territoriales y Entidades de Derecho Público, tanto estatales, como autonómicas o locales, incluidas las Universidades Públicas, a las Entidades gestoras de la Seguridad Social y a las mutuas de accidentes de trabajo, a otros poderes del Estado y a las Corporaciones de Derecho Público (en ambos casos en relación con sus actividades sujetas al Derecho Administrativo), a las sociedades mercantiles de capital mayoritariamente público, a las fundaciones del sector público, a partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, al resto de entidades privadas que perciban un porcentaje significativo de financiación pública y a todas las personas físicas y jurídicas distintas de las anteriores que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas. La Ley establece límites a la transparencia (entre ellos, la protección de datos) y regula tanto la publicidad activa a través de internet de toda una serie de informaciones de la máxima relevancia, como la publicidad pasiva mediante el planteamiento de solicitudes individuales sobre cualquier otra materia. Además, incorpora un Título II sobre Buen Gobierno en que se contempla un catálogo de infracciones y sanciones por actuaciones de los altos cargos y un Título III que prevé la creación de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, regulando su composición y funciones. La obra va precedida de un estudio introductorio del Prof. EMILIO GUICHOT, Catedrático acreditado de Derecho Administrativo y reconocido experto en la materia, sobre la que ha publicado diversos trabajos. Ha participado en la elaboración y estudio de la Ley como experto nombrado a tal fin en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y como compareciente ante la Comisión constitucional del Congreso de los Diputados.