Con la presente obra pretende ofrecerse al lector una completa visión de la legislación penal compilada en el Código y la recogida en Leyes especiales y complementarias. Los autores han diseñado para ello un elaborado sistema de notas y concordancias con información detallada tanto de remisiones internas entre preceptos, como de las normas extrapenales con capacidad de incidencia en la interpretación de los distintos tipos penales. Esta vigésimo séptima edición del Código Penal y Leyes Penales Especiales incluye las normas esenciales en materia penal repartidas en cuatro grandes apartados. Todas ellas bajo la estructura elaborada por José Manuel Valle Muñiz y actualizada al cierre de la edición por Rosa Fernández Palma y Óscar Morales García. La distribución de normas, se agrupa en los siguientes epígrafes: I. Constitución española. II. Código Penal: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, con la incorporación de todas las reformas operadas desde su entrada en vigor y actualmente vigentes. Ley orgánica 5/2000, de responsabilidad penal de los menores. Real Decreto 1174/2004 de 30 de julio, de Reglamento de la Ley orgánica 5/2000. Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, que establece las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución de penas. III. Legislación Penal Especial: Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea; Ley Orgánica de Represión del Contrabando; y Ley Orgánica del Régimen Electoral General. IV. Normas complementarias: Ley de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en la Unión Europea; Ley de Extradición Pasiva; Ley reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria; Ley de la Gracia de Indulto; Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España; Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y su Reglamento de Desarrollo; Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, de transacciones económicas en el exterior; Ley de Estatuto de la víctima del delito; Ley de Ayudas y Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual; y Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, de Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (Anexo y tablas en formato ProView). La vigésimo séptima edición del Código Penal y Leyes Penales Especiales, finaliza con un índice analítico que se amplía a todas las normas reproducidas, incluida la Constitución, Legislación Penal Especial y Legislación Complementaria.

Este Código Aranzadi incluye la normativa actualizada, con el texto a color señalando los artículos más recientemente modificados, junto con un detallado índice analítico, al inicio, que facilita un ágil acceso al artículo buscado. Esta colección de Códigos siempre estará abierta por dónde tú lo necesites. El libro impreso incluye además la versión digital a través de Proview para que el contenido te acompañe donde vayas. Aranzadi es uno de los sellos editoriales de Thomson Reuters, Multinacional líder en soluciones de información, software y formación, que provee a los profesionales de la tecnología, la inteligencia y la experiencia del mejor equipo para contar con respuestas fiables. Conoce más sobre nuestras soluciones en: www.thomsonreuters.com

La especial protección constitucional del derecho fundamental a la protección de datos viene amparada por los artículos 10 y 18 CE, en los que se reconoce el derecho a la dignidad de la persona y a la limitación del uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar. El derecho a la protección de los datos personales no es un derecho absoluto, sino que debe considerarse desde la perspectiva de su función en la sociedad y de conjugar su convivencia con otros derechos fundamentales. Actualmente, dentro de la “Sociedad de la información” estamos viviendo una rápida evolución tecnológica y un fuerte movimiento globalizador, lo cual ha planteado nuevos retos para la protección de los datos personales: - Una recogida e intercambio masivo de datos personales. - La difusión por parte de las personas físicas de un volumen cada vez mayor de información personal a escala mundial. - La libre circulación de datos personales dentro de la Unión y su transferencia a terceros países y organizaciones internacionales. En este contexto, el nuevo Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, y la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, han pretendido: - Equilibrar los derechos de los ciudadanos a la protección de sus datos dentro de la UE. - Establecer una regulación más uniforme en el marco de una sociedad cada vez más globalizada y tecnológica. - Evitar que se continúen produciendo obstáculos para el mercado interior de la UE En este punto, no solo la empresa, sino también la Administración Pública, en su papel ejemplarizante, están imbuidas en un proceso de adaptación a un nuevo modelo de protección de datos. Desde la perspectiva de la Administración Pública, no debe enfocarse esta nueva regulación como otra carga burocrática o administrativa, sino como una oportunidad para mejorar la gestión y disfrute de los servicios públicos sin menoscabar el derecho a la intimidad de los ciudadanos. Para conseguirlo es requisito imprescindible conocer bien el régimen jurídico de la nueva regulación y sus implicaciones. Precisamente en este punto cobra su sentido el presente trabajo en el que se analizarán todos los aspectos del mundo Privacy desde la perspectiva de la Administración Local, que se ha visto avocada a una rápida adaptación a este nuevo modelo, pero sin olvidar las particularidades que concurren en su condición de entidad pública.

Junto con la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que entró en vigor en abril de 2017, se recogen las normas básicas que regulan, en la actualidad, la propiedad industrial. A saber, las disposiciones transitorias de Ley de Patentes de 1986, que siguen en vigor, la Ley de Marcas de 2001, con las últimas modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, y la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial de 2003. Asimismo, y atendiendo al carácter complementario y de consulta, se recogen los Reglamentos de desarrollo de las Leyes citadas: Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes de 2015 (Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo), Reglamento de la Ley de Marcas (Real Decreto 687/2002, de 12 de julio), y el Reglamento de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (Real Decreto 1967/2004, de 27 de septiembre). La obra se completa con un exhaustivo Índice de conceptos con las principales voces y subvoces de la legislación compendiada, que facilitan su consulta. Junto con la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que entró en vigor en abril de 2017, se recogen las normas básicas que regulan, en la actualidad, la propiedad industrial. A saber, las disposiciones transitorias de Ley de Patentes de 1986, que siguen en vigor, la Ley de Marcas de 2001, con las últimas modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, y la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial de 2003. Asimismo, y atendiendo al carácter complementario y de consulta, se recogen los Reglamentos de desarrollo de las Leyes citadas: Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes de 2015 (Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo), Reglamento de la Ley de Marcas (Real Decreto 687/2002, de 12 de julio), y el Reglamento de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (Real Decreto 1967/2004, de 27 de septiembre). La obra se completa con un exhaustivo Índice de conceptos con las principales voces y subvoces de la legislación compendiada, que facilitan su consulta.

Un buen sistema de compliance debe contemplar diversos marcos normativos, no sólo el penal. A la hora de elaborar un programa, no olvidemos que la fiscalía aboga por un sistema de compliance transversal, en el que no solo se tenga en cuenta el riesgo penal, sino también el ánimo de cumplir con la legalidad, de implementar una forma de actuar ética dentro de la entidad. Una vez que conocemos la organización y su marco normativo debemos analizar la probabilidad de que un determinado riesgo se materialice. La correcta documentación del modelo nos va a permitir un mejor seguimiento y monitoreo, sin olvidar su naturaleza eminentemente probatoria. Surge en este contexto la pregunta de qué ocurre en el caso de que la empresa haya adoptado un modelo que cumpla con todos los requisitos y que, sin embargo, no haya podido evitar la comisión de un delito; la respuesta es prácticamente unánime: el riesgo cero no existe. Siempre queda algún riesgo residual que es imposible eliminar por completo. Es el compromiso de la organización con los valores éticos y el cumplimiento normativo lo que va a determinar que no haya una condena.

Una de las disciplinas jurídicas de mayor complejidad y, a la vez, de incontestable importancia práctica es, sin lugar a dudas, el proceso civil. Por ello se revela esencial disponer de una obra que aúne rigor técnico y sencillez expositiva. El libro que ponemos a disposición del lector cumple con éxito dichas exigencias, pues a través de una sistemática sencilla e intuitiva, desgrana cada uno de los procedimientos civiles, reforzando cada opinión vertida con constantes referencias jurisprudenciales y doctrinales. Destinado a todos los operadores jurídicos que desarrollan su actividad ante los Tribunales civiles, tales como Jueces, Letrados de la Administración de Justicia, Abogados y Procuradores, el trabajo se completa con formularios y casos prácticos y con un exhaustivo índice de voces que ayudarán a quienes lo manejen a encontrar las materias de su interés.

Esta obra explica de manera rápida, ágil y visual los conceptos básicos para desenvolverse con los distintos tipos de acciones, que la Ley de Sociedades de Capital articula para reclamar al administrador de una sociedad por los daños que su actuación haya podido acarrear a la sociedad, a los socios o a acreedores ajenos a la sociedad. Un didáctico estudio reforzado con formularios y extractos de jurisprudencia para tener las respuestas básicas a las principales cuestiones alrededor de las acciones de responsabilidad que tanta litigiosidad provocan.

Completo análisis de la regulación de la prueba en el proceso civil, desde una práctica visión doctrinal y jurisprudencial. Junto a los principales pronunciamientos jurisprudenciales clasificados y estructurados según la temática a analizar, pueden consultarse los formularios de uso más habitual en la práctica profesional, así como un interesante repertorio de preguntas con respuesta planteadas sobre la materia examinada. Se acompaña de un índice legal y analítico de jurisprudencia.

La materia de seguros ha experimentado una importante reforma tanto en la nueva ley básica de regulación como en otros textos legales complementarios; novedades, tanto en el ámbito nacional como en el comunitario, que tienen la adecuada cabida en esta edición de «Legislación de Seguros». En este sentido, la presente obra recoge, debidamente estructuradas las principales disposiciones, entre otras: Entidades aseguradoras y reaseguradoras - Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. - Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. - Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de mutualidades de previsión social. Normativa contractual Básica - Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. Seguros de cobertura de fallecimiento - Ley 20/2005, de 14 de noviembre, de creación del Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento. - Real Decreto 968/2007, de 23 de marzo, de desarrollo de la Ley 20/2005. Seguro en la circulación de vehículos a motor - Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. - Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor. Seguro de riesgos extraordinarios - Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Seguro de Riesgos Extraordinarios. Planes y Fondos de Pensiones - Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones. - Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones. Consorcio de Compensación de Seguros - Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros. Mediación de seguros: régimen jurídico - Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados. - Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, de desarrollo de la Ley 26/2006. Normativa impositiva Normativa sectorial de la Unión Europea (PROVIEW) - Directiva 2009/138/CE, de 25 de noviembre. Solvencia II. - Reglamento Delegado (UE) 2015/35, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2009/138/CE. - Directiva 2016/97/UE, de 20 de enero, sobre distribución de seguros. Se completa la obra con un exhaustivo Índice analítico.

Nos encontramos ante un instrumento que proporciona un aprendizaje de la práctica judicial en el ámbito de las ejecuciones civiles. Junto con las mismas, se ha tratado la tasación de costas, al ser un incidente estrechamente relacionado. «Ejecuciones civiles y tasación de costas» es una obra de rápido y sencillo acceso al conocimiento de estos procedimientos. Compuesta por material esencialmente práctico y de fácil compresión: esquemas, síntesis, formularios y máximas jurisprudenciales. Libro de interés para cualquier profesional del ámbito jurídico que desee conocer, de forma rápida y cómoda, los aspectos importantes de una ejecución. Se ha elaborado teniendo en cuenta las últimas reformas legislativas, entre otras, las Leyes 19/2015, de 13 de julio y 42/2015, de 5 de octubre.