Se estudia de una manera práctica los deberes y las diferentes responsabilidades en que pueden incurrir los administradores de las sociedades de capital en el desempeño del cargo. Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

La sección de calificación constituye una de las piezas de mayor importancia práctica dentro del procedimiento concursal dadas las consecuencias de todo tipo que puede originar para el concursante y, muy especialmente, para los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales de la persona jurídica concursada. La experiencia nos muestra como la generalidad de los concursos corresponden a sociedades mercantiles y la principal preocupación de sus administradores son las consecuencias que para ellos habrá de tener, sobre todo la temida responsabilidad concursal. En el presente trabajo, dirigido a quienes se enfrentan a la compleja tarea de la calificación del concurso y la determinación de sus consecuencias, se estudia con detenimiento los antecedentes históricos, las opiniones de los principales autores que se han ocupado de la materia, pero sobre todo la jurisprudencia, incluyendo todas las resoluciones del Tribunal Supremo dictadas hasta la fecha, gran número de las de las Audiencias Provinciales y alguna de los Juzgados de lo Mercantil, junto con las opiniones del autor.

En esta monografía se estudia desde una perspectiva práctica, sin por ello renunciar a su análisis dogmático, recogiendo a la par, la doctrina de los principales autores que se han ocupado de esta figura antes de su reforma y la práctica totalidad de la escasa jurisprudencia existente en torno a los acuerdos de refinanciación, los cuales tienen cada vez más un papel de mayor importancia en la solución de las situaciones de insolvencia, como recientes acuerdos de este tipo han puesto de manifiesto. En la misma se pretende abordar cuantos problemas prácticos puedan surgir al profesional en relación con este tipo de acuerdos tan útiles para la solución de la insolvencia. Se incluyen como anexos formularios que habrán de resultar de utilidad para quienes pretendan acudir a estos acuerdos de refinanciación que el legislador pretende alcancen una gran aplicación para dar solución a las crisis empresariales.

Es la primera monografía que analiza el nuevo título X de la Ley Concursal, el cual regula el procedimiento preconcursal creado para dar solución extrajudicial a la insolvencia de los emprendedores, empresarios personas naturales y las personas jurídicas cuyo pasivo no supere los cinco millones de euros. Este trabajo aborda de forma práctica el Acuerdo Extrajudicial de Pagos con la finalidad de facilitar la labor de los abogados y otros asesores que deben aconsejar a las personas en situación de insolvencia, así como a los notarios, registradores mercantiles y mediadores concursales que habrán de aplicar este procedimiento. Se incluyen como anexos, formularios y unas notas sobre el plan de viabilidad, todo lo cual habrá de resultar de utilidad para quienes hayan de valerse del Acuerdo Extrajudicial de Pagos, que suponemos habrá de alcanzar una gran aplicación, para dar solución a las crisis empresariales de sus clientes.

En el modelo organizativo que delinea nuestro legislador para el procedimiento concursal, la administración concursal ocupa un lugar trascendental, como destaca la Exposición de Motivos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, al señalar que sólo el juez y ésta constituyen órganos necesarios en el procedimiento y que se le encomiendan funciones muy importantes, habiéndose llegado a afirmar que del éxito de este órgano, que constituye el verdadero motor del concurso, depende el éxito o el fracaso de la propia LC. El poder otorgado a los administradores concursales debe ser compensado con un riguroso régimen de responsabilidad, que sirva para evitar posibles abusos. En relación con ésta la cuestión fundamental es la determinación de los presupuestos que deben concurrir para que incurran en responsabilidad. Pues bien, a su estudio se dedica este trabajo, en el que se ha tenido en cuenta principalmente la jurisprudencia existente, que habrá de resultar de utilidad para cuantos en el ejercicio de su labor profesional se relacionan con este tipo de procedimientos, abogados, administradores concursales, etc. El interés de este trabajo viene dado por las modificaciones introducidas por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que mantiene la estructura de esta responsabilidad, pero introduce algunas variaciones de interés.

Esta obra es un estudio sobre los aspectos jurídicos de la nueva regulación del Derecho Mercantil contable, escrito con un gran sentido práctico, recogiendo de una manera exhaustiva la doctrina y la jurisprudencia existentes sobre la materia, sin ignorar que junto a éstos, está presente en su esencia una problemática contable, que exige la aplicación de conocimientos distintos de los estrictamente jurídicos. Viene a llenar un hueco en una materia sobre la que existen escasísimos trabajos, pese a resultar especialmente importante para la vida de las empresas, sobre todo, cuando se produce la crisis económica de las mismas. No parece preciso recordar que tanto los concursos de acreedores, como los ERE se basan en la correcta contabilidad de la empresa. Habrá de resultar particularmente útil después del profundo cambio que ha representado la reforma introducida en esta materia por la Ley 16/2007 de 4 de julio, de Reforma y Adaptación de la Legislación Mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea para cuantos se relacionan con el mundo de la empresa, tanto desde una perspectiva económica como jurídica.

Afronte este libro un tema de la máxima trascendencia y actualidad, fundamental en el ámbito del Derecho societario, la responsabilidad de los auditores de cuentas. Como señala la sentencia del pleno del TC de 23 de diciembre de 1993, "La complejidad de la propiedad empresarial, con frecuencia diferenciada de la gestión, la fluidez del tráfico mercantil, que ocasiona continuas transacciones empresariales para cuya feliz consecución es del todo necesario conocer con precisión el estado patrimonial de las entidades, la despersonalización del patrimonio, la búsqueda de financiación para conseguir recursos suficientes para el desarrollo de la actividad empresarial, la diversidad de las propias fuentes de financiación, la continua actividad de venta y adquisición de bienes y servicios y la existencia de intereses laborales son, todas ellas, circunstancias que exigen, para asegurar el funcionamiento eficaz y transparente del mercado y la protección de los muy diversos intereses concurrentes, la máxima fiabilidad de la información disponible sobre la verdadera y real situación económica, financiera y patrimonial de las empresas (imagen fiel).La actividad auditora se encamina, precisamente, a procurar a cuantos tienen interés en esa imagen fiel que les resulta indispensable para garantizar sus intereses". Para garantizar que la auditoría asegura la corrección de las cuentas confeccionadas por los administradores es preciso establecer una adecuada regulación legal de la misma y, dentro de ésta, reviste especial importancia la reglamentación de la responsabilidad de los auditores de cuentas que incumplan sus obligaciones, sobre todo en la supervisión de las cuentas de las grandes empresas cotizadas, cuyos gestores disfrutan de un enorme poder económico que puede, en algunos supuestos, condicionar su labor revisora, como recientes escándalos financieros han venido a confirmar. Sin duda, el temor a las graves consecuencias que puede acarrearles una actuación fraudulenta o la relajación en su actividad habrá de estimular la diligencia profesional de estos profesionales. Solo de esta forma podrá evitarse que se produzcan graves expectations gaps o desfases de expectativas que socaven el prestigio de la auditoría de cuentas y de los mercados. Se afronta la cuestión con total independencia, eliminando el riesgo de cualquier contaminación, y desde la óptica de un abogado en ejercicio, evitando perderse en vagas disquisiciones doctrinales. Se ha pretendido que quien se enfrente a una procedimiento sobre la responsabilidad civil de los auditores pueda encontrar aquí todo el material necesario para la defensa de sus intereses.

Los derechos que al socio corresponden, recogidos en el art. 48 de la LSA, revisten una gran importancia para la defensa de su posición dentro de las sociedades de capital. Cada vez que surge un conflicto entre los intereses del socio y los de la sociedad o los administradores, incluso de los accionistas mayoritarios, lo que es cada día más frecuente, aquéllos son su única defensa en la desigual lucha que se plantea. Pues bien, entre los derechos que integran la posición jurídica del accionista tiene un especialísimo protagonismo el de participar en las ganancias sociales, hasta el punto de que el maestro GARRIGUES llegó a afirmar que en la sociedad capitalista todos los derechos del socio pueden reducirse al de participar en los beneficios. Como el autor ha tenido ocasión de constatar en alguna experiencia profesional, de la que en realidad ha surgido este libro, cuando surgen conflictos entre los socios minoritarios y los mayoritarios, que naturalmente dominan la administración, en realidad el socio solo puede defenderse exigiendo el reparto de las ganancias. El resto de sus derechos pueden resultarle de utilidad, pero para nada habrán de servirle si no puede lograr recibir al menos, una parte de aquéllas. El interés de la materia se ha visto incrementado por una novedosa corriente jurisprudencial sobre la cuestión que ha dado lugar en fechas próximas a una resolución del Tribunal Supremo sobre la materia, que confirma la posición anterior del autor, la cual es estudiada en profundidad.