Para que los mercados financieros puedan desarrollar eficazmente su función de financiación de las empresas es esencial que estén dotados de un adecuado marco legal que reporte de la oportuna protección a todos los agentes vinculados en el proceso. Así pues, y dado que es la decisión final de inversión la que permite la canalización del ahorro hacia la inversión productiva, función económica esencial del sistema financiero en general, y del mercado de valores en particular, se plantea como necesario atender a analizar en qué medida puede el derecho servir al desarrollo de las estrategias y objetivos de financiación directa pretendidos desde el mercado de valores, y si proporciona o no, un marco legal de protección tal que le dote de la suficiente confianza (fiducia) para proceder a la incentivación en la inversión de los productos financieros. Por ello, conforma el objetivo genérico de la presente obra el análisis de la normativa reguladora del mercado de valores con la pretensión de tratar de observar su incidencia en el contenido de las relaciones jurídicas que se mantienen en el mercado en aras de poder advertir si el marco legal por el que se procede a su regulación permite dotar a todos los operadores del mercado de las garantías legales necesarias sobre la base de un “valor añadido” implícito tal que le posibilite desplegar sus efectos en la contratación.

Desde el ámbito de las comunidades europeas se ha procedido a la creación de un nuevo vehículo de financiación, que denominado como fondos de inversión a largo plazo europeos, atienda a incentivar la demanda de activos tangibles (infraestructuras energéticas, de transporte y comunicaciones, instalaciones industriales y de servicios, vivienda y tecnologías para la ecoinnovación y contra el cambio climático) como activos intangibles (educación o investigación y desarrollo) a favor de inversores profesionales y minoristas, como alternativa para la financiación a largo plazo de las empresas e infraestructuras de la Unión Europea. Pero ahora bien, para que tal tarea pueda ser abordada con éxito, además de tener que ser observado el producto financiero desde un punto de vista económico y fiscal como rentable en aras de que atraiga y genere la demanda de inversiones, y así que origine economías de escala, es esencial que esté dotado de un adecuado marco legal que reporte de la oportuna protección a todas las categorías de inversores. Como consecuencia de lo anterior, se plantea como necesario atender a analizar, como se procede a configurar este vehículo de financiación transfronterizo, en qué medida puede el derecho contribuir a incrementar la reserva de capitales disponibles para la inversión a largo plazo en la economía del mañana en la Unión Europea, y si las normas dadas por la acción a nivel europeo, posibilitan reportar al inversor un eficiente marco de tutela jurídica tal, que permita incentivarlo en la inversión por tales productos financieros.