En los últimos cuarenta años la desigualdad ha aumentado sustancialmente y las economías han perdido dinamismo empresarial y productivo. Ambos fenómenos tienen causas comunes. A partir de 1980 comenzaron a cambiar las reglas y prácticas que regulan el funcionamiento de los mercados y disminuyó notablemente su supervisión. La misma doctrina neoliberal que impulsaba esa desregulación situaba el interés de los accionistas como única guía de las decisiones productivas. La elevada concentración del poder de mercado que generó el nuevo paradigma es un factor relevante tanto en la mayor desigualdad como en la pérdida de dinamismo empresarial. La aparición del llamado capitalismo de la vigilancia, protagonizado por empresas a las que se les permite acumular un gran poder en los mercados digitales, es la continuación del proceso desregulador. Esas empresas, al comerciar con la posibilidad de afectar el comportamiento de los ciudadanos a partir de la información que estos aportan, pueden perturbar el funcionamiento de las democracias. Carlos Sebastián analiza distintas propuestas de reforma del capitalismo (las de Stiglitz, Piketty, Collier, Tepper y Hearn, Mayer, etc.), que comparten el convencimiento de que la actual situación no ha sido un accidente, sino el resultado de determinadas opciones políticas que se pueden cambiar.

¿Puede avanzar España y superar sus deficiencias institucionales y productivas? Los evidentes logros de la economía española durante los últimos cuarenta años tienen limitaciones. Buena parte de ellas se deben al pobre comportamiento de la productividad y, como factor determinante, al déficit en calidad gerencial. Otro hecho que empaña los logros es la desigual distribución de la renta, que la Gran Recesión ha profundizado de forma dramática. La mala calidad del Estado y el deficiente funcionamiento de los mercados incentivan decisiones ineficientes y contribuyen a una baja calidad en la gestión de buena parte de las empresas. Son una causa fundamental de la baja productividad, pero también tienen consecuencias negativas sobre la distribución. Tras fundamentar las anteriores afirmaciones, el libro repasa la situación de distintas instituciones políticas, incluidas la Administración pública y cómo se realiza la producción normativa, todas ellas contaminadas por grandes dosis de politización partidista y de parcialidad, y el funcionamiento de las instituciones económicas: los mercados de productos, de crédito y de trabajo. Se estudia también la desigualdad de la renta caracterizada por situaciones persistentes de riesgo de exclusión social. Carlos Sebastián propone líneas de reforma factibles para los diferentes ámbitos que mejorarían su funcionamiento y valora la probabilidad de que éstas, u otras similares, se lleven a cabo.

España está estancada desde principios de la década de los noventa. Es cierto que hay unas pocas empresas españolas punteras y también algunos emprendedores exitosos, pero el conjunto de la economía diverge de la de los países europeos más avanzados. El estancamiento se debe a que desde finales de los ochenta el marco institucional no ha mejorado. Lo ha hecho en algunos aspectos, pero al tiempo ha sufrido un notable deterioro en otros. Nos encontramos continuamente con disfunciones que entorpecen la eficiencia y el emprendimiento. Normas confusas y cambiantes, incumplimientos de leyes por parte de la Administración, ineficacia de la justicia, violación de leyes por ciudadanos y empresas... Un cóctel de atentados a la seguridad jurídica que puede resultar paralizante. La escasa calidad de muchas regulaciones, que con frecuencia favorecen a unos pocos, los sesgos que tienen las administraciones públicas en sus decisiones y las pesadas cargas que éstas imponen a pequeños empresarios y autónomos redundan en lo mismo. Y también lo hacen algunas actitudes que se han enquistado en la ciudadanía. Hay fallos en la educación, pero la baja eficiencia española se debe sobre todo a las restricciones que impone el marco institucional, consecuencia de cómo se ejerce el poder: ocupación por parte de los partidos políticos mayoritarios de las instituciones, tinte marcadamente clientelar de la acción política y devaluación de las leyes. La intensidad de este Estado clientelar condiciona muchas decisiones de las administraciones públicas, incluidas buena parte de las violaciones de leyes que éstas cometen. Un Estado clientelar genera una sociedad alejada de la meritocracia, lo que contribuye a que se desarrollen valores adversos a la eficiencia. Reformar esto es posible, aunque el camino esté lleno de dificultades.

En países como Kenia, Uganda, Sudáfrica y Ghana emprendedores africanos están desarrollando originales sistemas financieros y mercados agrícolas basados en la telefonía móvil. Al mismo tiempo, en esos países, y más aún en otros en los que no ha habido despegue económico, siguen existiendo enormes bolsas de pobreza. ¿Por qué la inmensa mayoría del África subsahariana se ha mantenido durante tantas décadas económicamente estancada? ¿Ha sido consecuencia de las condiciones iniciales con las que esos países accedieron a la independencia? ¿Han influido de forma relevante factores geográficos y naturales o son las graves carencias en educación y sanidad las que han llevado a esta situación? Carlos Sebastián analiza cada una de estas alternativas para demostrar que ninguna de ellas explica las causas del estancamiento sino que ha sido la forma de ejercer el poder la que ha determinado la escasa generación de rentas de los países africanos. Durante casi 30 años ha habido importantes regularidades en la forma en que los dirigentes han modelado el sistema económico de sus países con el objetivo de mantener el poder y el control sobre las fuentes de riqueza. Los adversarios políticos, y con ellos una mayoría de la población, fueron excluidos de ese sistema, lo que ha constituido la principal causa del prolongado estancamiento. El expolio de la agricultura, de la que vivía la mayor parte de sus habitantes, es una grave manifestación más de este mismo proceso.