En los últimos años se ha acrecentado el interés por los denominados sistemas alternativos a la jurisdicción para la resolución de los conflictos de naturaleza nacional e internacional. En particular, del arbitraje y la mediación como mecanismos sencillos, ágiles y eficaces para la decisión definitiva de las controversias de naturaleza dispositiva. En nuestro país, el recurso a estas fórmulas alternativas a la justicia ordinaria se justifica, además, en la necesidad de aliviar la carga de trabajo de nuestros juzgados y tribunales. De ahí que desde hace un tiempo se vengan adoptando medidas organizativas y legislativas para el fomento del arbitraje nacional e internacional y de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. El alumno encontrará en este manual un estudio de la mediación y del arbitraje, en el que se analizan, de manera descriptiva, pero sin obviar el planteamiento de los problemas y la aportación de soluciones, las cuestiones más importantes que plantean estas instituciones.

Desde hace cuatro años la jurisprudencia de Juzgados y Audiencias está convulsionada y desbordada por reclamaciones de particulares contra entidades y establecimientos financieros emisores de tarjetas de crédito. La razón es la pretendida naturaleza usuraria de los intereses remuneratorios que se están cobrando en España en el sector de mercado de las tarjetas de crédito. Es un precio casi constante, en el margen entre el 20 y el 25%, unánime y normal. Todo proviene de que en 2015 el Tribunal Supremo dictó una célebre sentencia (“Sygma Mediatis”) en la que - a falta en aquel entonces de otros datos más precisos- consideró que el estándar de normalidad de la Ley de Usura tiene que tomarse del interés que se viene ordinariamente cobrando en el mercado de créditos de consumo en general. A partir especialmente del año 2017, la jurisprudencia de Audiencias está dividida al respecto.

La presente edición de la Ley de Enjuiciamiento Civil con jurisprudencia se inserta dentro de las obras -por las que la Editorial Thomson Reuters Aranzadi ha mostrado siempre un especial interés- que buscan proporcionar a los profesionales del Derecho instrumentos útiles que les ayuden en la búsqueda de soluciones a los problemas que se les presentan en su trabajo diario; en este caso, dentro del proceso civil. Por razones de espacio, y también de eficacia, la edición recoge solo el texto de la Ley de Enjuiciamiento Civil y su valor añadido es sin duda la cuidada y actualizada selección de jurisprudencia procesal civil del TS y de doctrina sobre estas mismas materias del TC, en su caso de la DGRN, y sobre todo, de las Audiencias Provinciales. La incorporación de la doctrina de estos tribunales de segunda instancia sobre cuestiones procesales civiles, aunque carente del valor de jurisprudencia, se ha considerado fundamental por la ausencia de la elaborada por el TS sobre numerosos preceptos de la LECiv. Como en otras obras semejantes de la Editorial, para ayudar a concretar rápidamente el interés sobre las sentencias, siempre que se ha considerado relevante se ha subrayado el texto que compendia la doctrina seleccionada. El texto de la Ley de Enjuiciamiento Civil - se presenta totalmente actualizado al cierre de la edición, y debidamente anotado y concordado con las disposiciones procesales más relevantes, contenidas tanto en leyes de esa naturaleza como en normas de Derecho sustantivo. Con el fin de facilitar la localización de la disposición o de la cuestión que interese, se cierra la obra con un Índice analítico. TEXTO BOLETÍN: Recoge el texto de la Ley de Enjuiciamiento Civil y con una cuidada y actualizada selección de jurisprudencia procesal civil del TS y de doctrina sobre estas mismas materias del TC, en su caso de la DGRN, y sobre todo, de las Audiencias Provinciales. - Se señala, subrayado, el texto que compendia la doctrina seleccionada. - Totalmente actualizado al cierre de la edición, y debidamente anotado y concordado con las disposiciones procesales más relevantes, contenidas tanto en leyes de esa naturaleza como en normas de Derecho sustantivo. - Detallado Índice analítico. Destinado a abogados y despachos en general y generalistas, abogados en ejercicio y expertos procesalistas.

Todas las disposiciones del presente código se hallan actualizadas al cierre de la edición y, las más importantes, convenientemente concordadas, con remisiones a normas que las complementan, desarrollan o actualizan. En total son 71 y se han sistematizado de la forma siguiente: I. La Constitución Española, de la que se recogen las normas fundamentales con incidencia en el proceso (arts. 24 y 53, Título VI y art. 150). II. Ley de Enjuiciamiento Civil. Se incluyen tanto la Ley 1/2000, de 7 de enero, como las partes de la anterior de 1881 cuya vigencia se mantiene temporalmente. III. Disposiciones complementarias de contenido orgánico: Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales y, aunque sea ley ordinaria, Ley de Demarcación y Planta Judicial. Dentro de este epígrafe se recoge también el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. IV. Disposiciones complementarias básicas de Enjuiciamiento Civil, epígrafe en el que se incluyen: A) legislación en materia de Asistencia Jurídica Gratuita (Ley y Reglamento); B) Registro de Rebeldes Civiles; C) Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas; D) Tasas judiciales; E) Pagos, depósitos y consignaciones; F) Tecnologías de la información y la comunicación; G) Recursos de casación forales. V. Normas procesales civiles contenidas en leyes sustantivas: A) Prueba documental; B) Protección de derechos fundamentales; C) Estado civil y condición de las personas (matrimonio, filiación e incapacitación); D) Arrendamientos; E) Propiedad horizontal; F) Propiedad intelectual; G) Propiedad industrial; H) Publicidad; I) Competencia desleal; J) Impugnación de acuerdos sociales; K) Condiciones generales de la contratación; L) Venta a plazos de bienes muebles; M) Protección de consumidores y usuarios; N) Circulación de vehículos de motor; O) Juicio cambiario; P) Protección de los derechos inscritos; Q) Ejecución sobre bienes hipotecados; y R) Medidas cautelares. VI. Mediación y arbitraje, con inclusión tanto de la reciente Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles como de la legislación sobre arbitraje, tanto interno como internacional. VII. Proceso concursal VIII. Normas de Derecho Procesal Internacional: A) Libre circulación de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, dentro de las que se ha incluido el Reglamento (UE) núm. 1215/2012, de 12 diciembre, aunque no será aplicable, en su práctica totalidad, hasta el 10 de enero de 2015; B) Libre circulación de resoluciones judiciales en el ámbito del Derecho de familia; C) Notificación y traslado de documentos; D) Obtención de pruebas; E) Asistencia judicial y F) Mediación en asuntos civiles. La obra finaliza con un índice analítico que también ha sido actualizado al cierre de la edición.

Todas las disposiciones del presente código se hallan actualizadas al cierre de la edición y, las más importantes, convenientemente concordadas, con remisiones a normas que las complementan, desarrollan o actualizan. En total son 70 y se han sistematizado de la forma siguiente: I. La Constitución Española, de la que se recogen las normas fundamentales con incidencia en el proceso (arts. 24 y 53, Título VI y art. 150). II. Ley de Enjuiciamiento Civil. Se incluyen tanto la Ley 1/2000, de 7 de enero, como las partes de la anterior de 1881 cuya vigencia se mantiene temporalmente. III. Disposiciones complementarias de contenido orgánico: Ley Orgánica del Poder Judicial, con las últimas reformas, Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales y, aunque sea ley ordinaria, Ley de Demarcación y Planta Judicial. Dentro de este epígrafe se recoge también el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. IV. Disposiciones complementarias básicas de Enjuiciamiento Civil, epígrafe en el que se incluyen: A) legislación en materia de Asistencia Jurídica Gratuita (Ley y Reglamento); B) Registro de Rebeldes Civiles; C) Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas; D) Tasas judiciales; E) Pagos, depósitos y consignaciones; F) Tecnologías de la información y la comunicación; G) Recursos de casación forales. V. Normas procesales civiles contenidas en leyes sustantivas: A) Prueba documental; B) Protección de derechos fundamentales; C) Estado civil y condición de las personas (matrimonio, filiación e incapacitación); D) Arrendamientos; E) Propiedad horizontal; F) Propiedad intelectual; G) Propiedad industrial; H) Publicidad; I) Competencia desleal; J) Impugnación de acuerdos sociales; K) Condiciones generales de la contratación; L) Venta a plazos de bienes muebles; M) Protección de consumidores y usuarios; N) Circulación de vehículos de motor; O) Juicio cambiario; P) Protección de los derechos inscritos; Q) Ejecución sobre bienes hipotecados; y R) Medidas cautelares. VI. Mediación y arbitraje, con inclusión tanto de la reciente Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles como de la legislación sobre arbitraje, tanto interno como internacional. VII. Proceso concursal VIII. Normas de Derecho Procesal Internacional: A) Libre circulación de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil; B) Libre circulación de resoluciones judiciales en el ámbito del Derecho de familia; C) Notificación y traslado de documentos; D) Obtención de pruebas; E) Asistencia judicial y F) Mediación en asuntos civiles. La obra finaliza con un índice analítico.

Todas las disposiciones del presente código se hallan actualizadas al cierre de la edición y, las más importantes, convenientemente concordadas, con remisiones a normas que las complementan, desarrollan o actualizan. En total son 61 y se han sistematizado de la forma siguiente: I. La Constitución Española, de la que se recogen las normas fundamentales con incidencia en el proceso (arts. 24 y 53, Título VI y art. 150). II. Ley de Enjuiciamiento Civil. Se incluyen tanto la Ley 1/2000, de 7 de enero, como las partes de la anterior de 1881 cuya vigencia se mantiene temporalmente. III. Disposiciones complementarias de contenido orgánico: Ley Orgánica del Poder Judicial, con las últimas reformas, Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales y, aunque sea ley ordinaria, Ley de Demarcación y Planta Judicial. Dentro de este epígrafe se recoge también el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. IV. Disposiciones complementarias básicas de Enjuiciamiento Civil, epígrafe en el que se incluyen: a) legislación en materia de Asistencia Jurídica Gratuita (Ley y Reglamento); b) Registro de Rebeldes Civiles; c) Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas; d) Tasas judiciales; e) Pagos, depósitos y consignaciones; f) Tecnologías de la información y la comunicación. V. Normas procesales civiles contenidas en leyes sustantivas: a) Prueba documental; b) Protección de derechos fundamentales; c) Estado civil y condición de las personas (matrimonio, filiación e incapacitación); d) Arrendamientos; e) Propiedad horizontal; f) Propiedad intelectual; g) Propiedad industrial; h) Publicidad; i) Competencia desleal; j) Impugnación de acuerdos sociales; k) Condiciones generales de la contratación; l) Venta a plazos de bienes muebles; m) Protección de consumidores y usuarios; n) circulación de vehículos de motor; o) juicio cambiario; p) Protección de los derechos inscritos; q) Ejecución sobre bienes hipotecados; y r) Medidas cautelares. VI. Arbitraje, con inclusión tanto de la nueva Ley interna de Arbitraje (Ley 60/2003, de 23 de diciembre, con la última reforma) como de los Convenios de Ginebra de 1961, sobre arbitraje comercial internacional, y de Nueva York de 1958, sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. VII. Legislación concursal VIII. Reglamentos Comunitarios La obra finaliza con un índice analítico y otro cronológico de las disposiciones citadas, que permiten la búsqueda rápida y eficaz de cualquier norma. Ambos han sido revisados y actualizados. Se incorpora, en esta edición, la actualización operada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.

Todas las disposiciones del presente código se hallan actualizadas al cierre de la edición y, las más importantes, convenientemente concordadas, con remisiones a normas que las complementan, desarrollan o actualizan. En total son 61 y se han sistematizado de la forma siguiente: I. La Constitución Española, de la que se recogen las normas fundamentales con incidencia en el proceso (arts. 24 y 53, Título VI y art. 150). II. Ley de Enjuiciamiento Civil. Se incluyen tanto la Ley 1/2000, de 7 de enero, como las partes de la anterior de 1881 cuya vigencia se mantiene temporalmente. III. Disposiciones complementarias de contenido orgánico: Ley Orgánica del Poder Judicial, con las últimas reformas, Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales y, aunque sea ley ordinaria, Ley de Demarcación y Planta Judicial. Dentro de este epígrafe se recoge también el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. IV. Disposiciones complementarias básicas de Enjuiciamiento Civil, epígrafe en el que se incluyen: a) legislación en materia de Asistencia Jurídica Gratuita (Ley y Reglamento); b) Registro de Rebeldes Civiles; c) Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas; d) Tasas judiciales; e) Pagos, depósitos y consignaciones; f) Tecnologías de la información y la comunicación. V. Normas procesales civiles contenidas en leyes sustantivas: a) Prueba documental; b) Protección de derechos fundamentales; c) Estado civil y condición de las personas (matrimonio, filiación e incapacitación); d) Arrendamientos; e) Propiedad horizontal; f) Propiedad intelectual; g) Propiedad industrial; h) Publicidad; i) Competencia desleal; j) Impugnación de acuerdos sociales; k) Condiciones generales de la contratación; l) Venta a plazos de bienes muebles; m) Protección de consumidores y usuarios; n) circulación de vehículos de motor; o) juicio cambiario; p) Protección de los derechos inscritos; q) Ejecución sobre bienes hipotecados; y r) Medidas cautelares. VI. Arbitraje, con inclusión tanto de la nueva Ley interna de Arbitraje (Ley 60/2003, de 23 de diciembre, con la última reforma) como de los Convenios de Ginebra de 1961, sobre arbitraje comercial internacional, y de Nueva York de 1958, sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. VII. Legislación concursal VIII. Reglamentos Comunitarios La obra finaliza con un índice analítico y otro cronológico de las disposiciones citadas, que permiten la búsqueda rápida y eficaz de cualquier norma. Ambos han sido revisados y actualizados.

La presente edición de los Comentarios a la Ley Concursal de la Editorial Thomson-Reuters-Aranzadi, además de actualizar y revisar a fondo el trabajo de la precedente, incorpora todas las novedades introducidas en la legislación concursal desde la entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio; en especial, las incorporadas por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de Medidas Urgentes en materia Tributaria, Financiera y Concursal ante la evolución de la situación económica, y también, aunque la reforma es de menor entidad, por la Ley de implantación de la nueva Oficina judicial, de 3 de noviembre de 2009. Unas y otras son objeto del correspondiente análisis. Se trata de una nueva obra, considerablemente ampliada y totalmente actualizada. Además, se ve enriquecida con una exposición (y análisis cuando se ha considerado conveniente) prácticamente completa de la jurisprudencia (y doctrina de las Audiencias y de los Juzgados de lo mercantil) recaída sobre la Ley Concursal hasta la fecha: se citan más de 700 sentencias del Tribunal Supremo, de las Audiencias Provinciales y de los Juzgados de lo Mercantil, que se recogen a texto completo en un CD que se adjunta al libro. Se acompaña, igualmente, una relación bibliográfica de las monografías, libros y capítulos de libros, y artículos de revista publicados en materia concursal, en la que se ha puesto especial énfasis en las publicaciones posteriores a la promulgación de la Ley Concursal y del Real Decreto Ley 3/2009.