El acto de determinación judicial de la pena, pese a sus evidentes implicaciones prácticas, continúa encontrándose requerido de ulteriores desarrollos dogmáticos. Tras efectuar un planteamiento del estado de la cuestión en la materia -con referencias de Derecho positivo y con una profunda sistematización de los enfoques teóricos propuestos en la ciencia jurídico-penal continental y anglonorteamericana-, el trabajo desarrolla una propuesta respecto a cómo deben ejercitarse y estructurarse los alcances de las amplias atribuciones interpretativas que se reconocen al juzgador en el específico campo de la determinación judicial de la pena, y que se vinculan tanto con la valoración de la gravedad del hecho delictivo como con la fijación de la pena específica que corresponda aplicar al mismo. La propuesta se sustenta en la célebre distinción de von Hirsch entre proporcionalidad cardinal y ordinal: en ella se postula que la configuración judicial de la pena debe orientarse hacia la fijación de penas proporcionales de conformidad con exigencias de tipo cardinal y ordinal. En el trabajo se efectúan, no obstante, importantes matizaciones respecto al entendimiento clásico de dichas categorías: a) lo cardinal condiciona lo ordinal, b) se dota de contenido e implicaciones específicas a la proporcionalidad cardinal, y c) se diferencian dos operaciones valorativas de proporcionalidad ordinal que deben llevarse a cabo respetando las exigencias cardinales del castigo. Con dicho entendimiento se procura potenciar la capacidad de rendimiento político-criminal y dogmático de ambas categorías conceptuales.

A raíz de varios casos de gran relevancia mediática, a los que se presta especial atención en esta obra, ha proliferado la expresión “discurso de odio” para referirse a un buen número de delitos, más allá de las paradigmáticas conductas previstas por el artículo 510 CP. Entre ellos se encuentran los discursos terroristas tipificados por el artículo 578 CP. ¿Acaso los delitos de terrorismo son conceptualmente tan cercanos a los delitos de odio que los discursos terroristas deben considerarse una subcategoría de discurso de odio? ¿O, por el contrario, lo que está sucediendo en los últimos años es que se ha producido una desnaturalización del artículo 578 CP, de modo que ya no puede seguir considerándose un delito de terrorismo, lo cual aconsejaría alguna reforma legislativa? Los autores efectúan una novedosa aproximación conceptual a los delitos de odio (incluyendo los incidentes de odio no delictivos y los discursos de odio) y a los delitos de terrorismo (atendiendo a la evolución experimentada tras las últimas reformas legislativas y centrándose en el artículo 578 CP) con el fin de dar respuesta a esta clase de interrogantes.

El Derecho penal de las ?sociedades occidentales? está sufriendo desde hace algunos años transformaciones fundamentales: tanto la percepción social de la relevancia del delito y del ordenamiento penal como su utilización en los procesos políticos están cambiando. En este contexto, aún más después de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, se aprecia la aparición de sectores de regulación (dirigidos a combatir la ?criminalidad organizada? y, sobre todo, el terrorismo) en los que estos cambios político-criminales cristalizan en lo que Jakobs ha llamado ?Derecho penal del enemigo?: normas jurídico-penales en las que ya no rigen principios de garantía y reglas de imputación que suelen postularse como elementos irrenunciables del trato de un Estado de Derecho con los infractores de preceptos penales. En la presente publicación, consecuencia de un intenso contacto entre los dos autores ?que ejercen su actividad, respectivamente, en la Universidad de Bonn y en la Universidad Autónoma de Madrid?, se dan dos respuestas teóricas a este fenómeno común a los países de Europa occidental. Ambas aproximaciones intentan, de modo complementario, describir y encuadrar el fenómeno emergente del Derecho penal del enemigo en el edificio de la teoría del Derecho penal. Es en las consecuencias político-criminales en las que se manifiestan las discrepancias, en torno a cuál debe ser la respuesta adecuada frente al fenómeno: integrarlo de algún modo en el ordenamiento jurídico ordinario o expulsarlo fuera del Derecho penal para encuadrarlo, en su caso, dentro de las medidas de emergencia. Ningún jurista que de algún modo se ocupe del Derecho penal puede hoy eludir tomar posición sobre los cambios estructurales que vive la legislación penal de modo tan acelerado en la actualidad, y que son objeto de estudio en esta publicación en forma de diálogo intereuropeo. Esta segunda edición ha sido ampliada y actualizada con un texto de Jakobs referido al fenómeno del terrorismo y una nueva redacción de la contribución de Cancio Meliá, reflejando así una discusión científica incipiente pero intensa.