La especial protección constitucional del derecho fundamental a la protección de datos viene amparada por los artículos 10 y 18 CE, en los que se reconoce el derecho a la dignidad de la persona y a la limitación del uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar. El derecho a la protección de los datos personales no es un derecho absoluto, sino que debe considerarse desde la perspectiva de su función en la sociedad y de conjugar su convivencia con otros derechos fundamentales. Actualmente, dentro de la “Sociedad de la información” estamos viviendo una rápida evolución tecnológica y un fuerte movimiento globalizador, lo cual ha planteado nuevos retos para la protección de los datos personales: - Una recogida e intercambio masivo de datos personales. - La difusión por parte de las personas físicas de un volumen cada vez mayor de información personal a escala mundial. - La libre circulación de datos personales dentro de la Unión y su transferencia a terceros países y organizaciones internacionales. En este contexto, el nuevo Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, y la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, han pretendido: - Equilibrar los derechos de los ciudadanos a la protección de sus datos dentro de la UE. - Establecer una regulación más uniforme en el marco de una sociedad cada vez más globalizada y tecnológica. - Evitar que se continúen produciendo obstáculos para el mercado interior de la UE En este punto, no solo la empresa, sino también la Administración Pública, en su papel ejemplarizante, están imbuidas en un proceso de adaptación a un nuevo modelo de protección de datos. Desde la perspectiva de la Administración Pública, no debe enfocarse esta nueva regulación como otra carga burocrática o administrativa, sino como una oportunidad para mejorar la gestión y disfrute de los servicios públicos sin menoscabar el derecho a la intimidad de los ciudadanos. Para conseguirlo es requisito imprescindible conocer bien el régimen jurídico de la nueva regulación y sus implicaciones. Precisamente en este punto cobra su sentido el presente trabajo en el que se analizarán todos los aspectos del mundo Privacy desde la perspectiva de la Administración Local, que se ha visto avocada a una rápida adaptación a este nuevo modelo, pero sin olvidar las particularidades que concurren en su condición de entidad pública.

Esta obra responde de manera rápida y ágil a las preguntas básicas que se puede hacer el profesional ante la extinción de la relación de un socio con su sociedad, tanto si es de forma voluntaria o con carácter forzoso es un trámite conflictivo y que debe estar correctamente planificado y ejecutado para que alcance plena eficacia. A ello dedica la Ley de Sociedades de Capital su Título IX y es crucial el estudio de las causas que pueden desembocar en la separación o exclusión de un socio, cómo debe procederse y las consecuencias que lleva aparejada para la sociedad como son la valoración del importe de la cuota o las necesarias operaciones de reducción del capital social. Un didáctico estudio reforzado con cuadros, formularios y extractos de jurisprudencia para tener todas las respuestas.

La sociedad anónima, la gran máquina del siglo XX que ha sido, es y será uno de los pilares fundamentales del crecimiento económico ha venido demandando marcos legislativos que faciliten y permitan mejorar sus resultados, en beneficio de sus accionistas. La mejora de los resultados de las sociedades anónimas en el siglo XXI no entiende de países ni de fronteras y se desarrolla en un mundo económico regionalizado y que tiende a la irremediablemente a la globalización. Esta mejora de los resultados encuentra en la fusión de sociedades anónimas uno de sus grandes aliados, mostrándose como un medio apropiado para mejorar su eficiencia y rentabilidad. A su vez, los entornos regionalizados, buscan propiciar la interacción de sus agentes económicos como medio para su consolidación. En nuestro entorno, la Unión Europea ha venido mostrando un gran interés en promulgar una normativa que permita esa consolidación, facilitando la interacción de sus agentes económicos. Esta obra aborda la regulación de la fusión transfronteriza de sociedades anónimas en nuestro derecho y en el ámbito de la Unión Europea, como uno de los grandes instrumentos con los que han sido dotadas las compañías para facilitar su interacción con otras compañías de la Unión Europea, como medio para mejorar su eficiencia y rentabilidad, en beneficio de sus accionistas.

Las incertidumbres acerca del Derecho aplicable a las plataformas de economía colaborativa vienen determinadas porque no se sabe con certeza quiénes son los destinatarios de las normas, en esa compleja relación jurídica a tres bandas entre la plataforma, el proveedor y el usuario. Esto afecta a diversas ramas del Derecho, a saber, derechos fundamentales y de la persona, estatuto jurídico civil de las plataformas y sus relaciones con proveedor y usuario y regímenes administrativo, fiscal y laboral. Estar a la sombra del Derecho propicia la elusión de las normas y en este estudio se proponen soluciones para paliar los vacíos normativos que existen en este nuevo sector del mercado.

Junto con la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que entró en vigor en abril de 2017, se recogen las normas básicas que regulan, en la actualidad, la propiedad industrial. A saber, las disposiciones transitorias de Ley de Patentes de 1986, que siguen en vigor, la Ley de Marcas de 2001, con las últimas modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, y la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial de 2003. Asimismo, y atendiendo al carácter complementario y de consulta, se recogen los Reglamentos de desarrollo de las Leyes citadas: Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes de 2015 (Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo), Reglamento de la Ley de Marcas (Real Decreto 687/2002, de 12 de julio), y el Reglamento de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (Real Decreto 1967/2004, de 27 de septiembre). La obra se completa con un exhaustivo Índice de conceptos con las principales voces y subvoces de la legislación compendiada, que facilitan su consulta. Junto con la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que entró en vigor en abril de 2017, se recogen las normas básicas que regulan, en la actualidad, la propiedad industrial. A saber, las disposiciones transitorias de Ley de Patentes de 1986, que siguen en vigor, la Ley de Marcas de 2001, con las últimas modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, y la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial de 2003. Asimismo, y atendiendo al carácter complementario y de consulta, se recogen los Reglamentos de desarrollo de las Leyes citadas: Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes de 2015 (Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo), Reglamento de la Ley de Marcas (Real Decreto 687/2002, de 12 de julio), y el Reglamento de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (Real Decreto 1967/2004, de 27 de septiembre). La obra se completa con un exhaustivo Índice de conceptos con las principales voces y subvoces de la legislación compendiada, que facilitan su consulta.

Un buen sistema de compliance debe contemplar diversos marcos normativos, no sólo el penal. A la hora de elaborar un programa, no olvidemos que la fiscalía aboga por un sistema de compliance transversal, en el que no solo se tenga en cuenta el riesgo penal, sino también el ánimo de cumplir con la legalidad, de implementar una forma de actuar ética dentro de la entidad. Una vez que conocemos la organización y su marco normativo debemos analizar la probabilidad de que un determinado riesgo se materialice. La correcta documentación del modelo nos va a permitir un mejor seguimiento y monitoreo, sin olvidar su naturaleza eminentemente probatoria. Surge en este contexto la pregunta de qué ocurre en el caso de que la empresa haya adoptado un modelo que cumpla con todos los requisitos y que, sin embargo, no haya podido evitar la comisión de un delito; la respuesta es prácticamente unánime: el riesgo cero no existe. Siempre queda algún riesgo residual que es imposible eliminar por completo. Es el compromiso de la organización con los valores éticos y el cumplimiento normativo lo que va a determinar que no haya una condena.

Una de las disciplinas jurídicas de mayor complejidad y, a la vez, de incontestable importancia práctica es, sin lugar a dudas, el proceso civil. Por ello se revela esencial disponer de una obra que aúne rigor técnico y sencillez expositiva. El libro que ponemos a disposición del lector cumple con éxito dichas exigencias, pues a través de una sistemática sencilla e intuitiva, desgrana cada uno de los procedimientos civiles, reforzando cada opinión vertida con constantes referencias jurisprudenciales y doctrinales. Destinado a todos los operadores jurídicos que desarrollan su actividad ante los Tribunales civiles, tales como Jueces, Letrados de la Administración de Justicia, Abogados y Procuradores, el trabajo se completa con formularios y casos prácticos y con un exhaustivo índice de voces que ayudarán a quienes lo manejen a encontrar las materias de su interés.

Esta obra explica de manera rápida, ágil y visual los conceptos básicos para desenvolverse con los distintos tipos de acciones, que la Ley de Sociedades de Capital articula para reclamar al administrador de una sociedad por los daños que su actuación haya podido acarrear a la sociedad, a los socios o a acreedores ajenos a la sociedad. Un didáctico estudio reforzado con formularios y extractos de jurisprudencia para tener las respuestas básicas a las principales cuestiones alrededor de las acciones de responsabilidad que tanta litigiosidad provocan.

Este Practicum de Contratos Mercantiles pretende ser una obra de consulta rápida y sencilla, que oriente y dé respuesta a los problemas del día a día del profesional, con un enfoque eminentemente práctico en materia de contratación mercantil. Esta obra presenta, bajo un único volumen, de forma clara y de fácil acceso, toda la información jurídica, rigurosamente actualizada, necesaria para el manejo de la tramitación de un amplísimo abanico de contratos mercantiles, poniendo especial énfasis en los requisitos de formalización y los derechos y deberes de las partes involucradas en los mismos. Así se tratan los contratos más novedosos como el outsourcing o joint venture, los contratos en los que una de las partes es un banco a la luz de las últimas normativas regulatorias del sector, pero también contratos “tradicionales” como la compraventa o los arrendamientos, pero incorporando en estos también aspectos novedosos como las ventas a distancia y los aspectos internacionales, fundamentales en un mundo globalizado. Ofrece soluciones prácticas fundamentadas, no solo en la normativa mercantil de aplicación, sino también en la experiencia de profesionales de prestigio, atendiendo a la jurisprudencia de interés, y clarificando los aspectos más complejos mediante casos prácticos, formularios ilustrativos y un completo índice analítico que permite encontrar cualquier concepto de forma ágil y rápida.

A punto de cumplirse cuarenta años de la firma de los Acuerdos entre la Iglesia y el Estado es posible plantear su vigencia actual para una sociedad secularizada muy diferente a la de los inicios de la Transición, y que se expresa políticamente de forma más plural y diversa, con la irrupción de nuevos partidos de fuerte implantación, que hacen más complejo e inestable el sistema político actual. Con propuestas que van desde la permanencia de los Acuerdos hasta su denuncia, parece claro que es necesario encontrar nuevos consensos que partan de la base de la obligación del Estado de garantizar un espacio público inclusivo, que vea el hecho religioso como expresión de un derecho fundamental de la persona que conlleva el respeto a la libre expresión de esos sentimientos religiosos, aunque dentro de un marco de aconfesionalidad y libertad religiosa.