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Como es sabido, en los últimos tiempos el denominado alquiler turístico de viviendas de uso residencial (conocido también con otras denominaciones tales como arrendamiento vacacional, alojamiento por cortos períodos de tiempo, comercialización de estancias turísticas breves en vivienda particular, “short term accommodation rental”, “locazioni brevi”…) ha experimentado un gran desarrollo no solo en España y sus comunidades y ciudades más turísticas sino también en otros muchos países y ciudades emblemáticas (Amsterdam, Londres, Paris, Nueva York, …), desarrollo vinculado en buena medida a la aparición de grandes plataformas digitales especializadas. Sin embargo, y precisamente por ello, la regulación jurídica del denominado alquiler turístico vacacional es hoy día un tema enormemente controvertido en el que las autoridades públicas (de distinto nivel; estatales, regionales, municipales) están legislando de forma activa en un intento de definir las reglas del juego a las que se debe de ajustar esta actividad económica en que, sin duda, consiste el alquiler vacacional, estableciendo exigencias, condiciones e incluso en ocasiones prohibiciones que afectan al acceso y al ejercicio de esta actividad económica. En España, esta regulación legal difiere en cada Comunidad Autónoma e incluso existen distintas regulaciones de ámbito municipal. Por ello, dedicamos fundamentalmente este estudio al análisis de las regulaciones autonómicas del alquiler turístico en el Derecho español, y, de forma particular, al estudio de las eventuales restricciones y prohibiciones legales, desde el punto de vista del Derecho de la Competencia. Para ello tenemos en cuenta no solo la posición de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (que se ha pronunciado al respecto en distintos informes) sino también los pronunciamientos de nuestros tribunales sobre la materia (en especial las recientes y clarificadoras sentencias del Tribunal Supremo) y también las últimas tendencias académicas respecto de las finalidad y objetivos del Derecho de la Competencia en la actualidad. Se trata, básicamente, de determinar el carácter justificado o no de las exigencias y restricciones legales, básicamente a la vista de la existencia de una “razón imperiosa de interés general” que les sirva de fundamento, noción esta fundamental y clave para la justificación de eventuales restricciones. Todo ello partiendo de la premisa de la necesidad de conciliar los distintos intereses en juego en la regulación de esta actividad económica con múltiples y diversas implicaciones.
