El Derecho procesal es la rama del Derecho que se ocupa de lo relativo a la función jurisdiccional o, por expresarlo de un modo muy general, al funcionamiento y actuación de los tribunales de justicia. Las explicaciones que integran esta obra se estructuran en torno a tres nociones básicas, que aparecen inescindiblemente entrelazadas. La jurisdicción como potestad del Estado a través de la cual se realiza o actúa el Derecho en el caso concreto; la acción como derecho fundamental de los ciudadanos a la protección judicial de sus derechos; y el proceso como instrumento, exclusivo y excluyente, a través del cual actúan los tribunales para proteger los derechos de los ciudadanos. Más en concreto, la obra se ocupa del estatuto jurídico de los jueces y magistrados, de la organización de los tribunales españoles y del poder judicial, de las garantías constitucionales de los justiciables, de los principios y características generales del proceso judicial y de la regulación de los actos procesales, sin descuidar una panorámica general sobre los métodos extrajudiciales de resolución de conflictos, como la mediación o el arbitraje, que van ganando un creciente protagonismo social. El objetivo del autor es, en definitiva, proporcionar una visión general, al mismo tiempo sintética y rigurosa, del fenómeno judicial en su globalidad, útil para quien curse la asignatura de «Introducción al Derecho procesal» en una facultad de Derecho, así como para todo aquel que desee conocer cómo funcionan los tribunales, qué derechos asisten a los ciudadanos ante la Ad-ministración de Justicia o, simplemente, se propongan adquirir unos conocimientos básicos y sólidos sobre el proceso judicial, cuestiones, todas ellas, de permanente actualidad e interés. La presente edición actualiza la anterior, a consecuencia de las importantes reformas legislativas que han afectado a la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en menor medida, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la Ley de Enjuiciamiento Civil, al Estatuto General de la Abogacía o en lo referente a la implementación de la Fiscalía Europea en España, por citar solo algunas de las más significativas. Se recogen asimismo relevantes pronunciamientos jurisprudenciales españoles y europeos recaídos desde la última edición.

El Derecho procesal es la rama del Derecho que se ocupa de lo relativo a la función jurisdiccional o, por expresarlo de un modo muy general, al funcionamiento y actuación de los tribunales de justicia.
Las explicaciones que integran esta obra se estructuran en torno a tres nociones básicas, que aparecen inescindiblemente entrelazadas. La jurisdicción como potestad del Estado a través de la cual se realiza o actúa el Derecho en el caso concreto; la acción como derecho fundamental de los ciudadanos a la protección judicial de sus derechos; y el proceso como instrumento, exclusivo y excluyente, a través del cual actúan los tribunales para proteger los derechos de los ciudadanos.
Más en concreto, la obra se ocupa del estatuto jurídico de los jueces y magistrados, de la organización de los tribunales españoles y del poder judicial, de las garantías constitucionales de los justiciables, de los principios y características generales del proceso judicial y de la regulación de los actos procesales, sin descuidar una panorámica general sobre los métodos extrajudiciales de resolución de conflictos, como la mediación o el arbitraje, que van ganando un creciente protagonismo social.
El objetivo del autor es, en definitiva, proporcionar una visión general, al mismo tiempo sintética y rigurosa, del fenómeno judicial en su globalidad, útil para quien curse la asignatura de «Introducción al Derecho procesal» en una facultad de Derecho, así como para todo aquel que desee conocer cómo funcionan los tribunales, qué derechos asisten a los ciudadanos ante la Administración de Justicia o, simplemente, se propongan adquirir unos conocimientos básicos y sólidos sobre el proceso judicial, cuestiones, todas ellas, de permanente actualidad e interés. La presente edición actualiza la anterior, a consecuencia de las importantes reformas legislativas que han afectado a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la Ley de Enjuiciamiento Civil, por citar solo las más significativas. Se recogen asimismo relevantes pronunciamientos jurisprudenciales españoles y europeos recaídos desde la última edición.

Existe un consenso universal en prohibir el control judicial sobre el fondo del laudo, excepto en lo relativo al orden público. En la presente obra se analiza detalladamente dicha prohibición y se estudia la viabilidad jurídica y la conveniencia de instaurar una "segunda instancia arbitral" o incluso, lege ferenda, una segunda instancia judicial de carácter facultativo. Posteriormente se examinan las dos causas que permiten la anulación del laudo por motivos relativos al fondo: la falta de arbitrabilidad y la vulneración del orden público. Este último aspecto es objeto de una especial atención, tanto desde el punto de vista jurisprudencial como desde la perspectiva de ofrecer pautas para clarificar tan compleja noción. También es objeto de atención la distinción entre la falta de arbitrabilidad y el carácter indisponible o imperativo de las normas aplicables al fondo, aspecto en el que la jurisprudencia incurre a veces en contradicciones.
En la obra también se analiza hasta qué punto cabe un control judicial en lo relativo a la motivación del laudo, a la falta de aplicación de las presunciones legales, a la infracción de normas relativas a la valoración legal de los documentos públicos y a la violación de derechos fundamentales en la obtención y práctica de la prueba. Finalmente se analiza la aplicabilidad en el arbitraje de las normas legales relativas a la distribución de la carga de la prueba y los términos de la congruencia arbitral en cuanto a la fundamentación jurídica del laudo.

• Publicado en la colección Estudios jurídicos de la editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, en Madrid, el 27/11/2017.

El Derecho procesal es la rama del Derecho que se ocupa de lo relativo a la función jurisdiccional o, por expresarlo de un modo muy general, al funcionamiento y actuación de los tribunales de justicia. Las explicaciones que integran esta obra se estructuran en torno a tres nociones básicas. La jurisdicción como potestad del Estado a través de la cual se realiza o actúa el Derecho en el caso concreto; la acción como derecho fundamental de los ciudadanos a la protección judicial de sus derechos; y el proceso como instrumento, exclusivo y excluyente, a través del cual actúan los tribunales para proteger los derechos de los ciudadanos. Más en concreto, la obra se ocupa del estatuto jurídico de los jueces y magistrados, de la organización de los tribunales españoles y del poder judicial, de las garantías constitucionales de los justiciables, de los principios y características generales del proceso judicial y de la regulación de los actos procesales, sin descuidar una panorámica general sobre los métodos extrajudiciales de resolución de conflictos, como la mediación o el arbitraje, que van ganando un creciente protagonismo social. El objetivo del autor es, en definitiva, proporcionar una visión general, al mismo tiempo sintética y rigurosa, del fenómeno judicial en su globalidad, útil para quien curse la asignatura de Introducción al Derecho Procesal en una facultad de Derecho, así como para todo aquel que desee conocer cómo funcionan los tribunales, qué derechos asisten a los ciudadanos ante la Administración de Justicia o, simplemente, se propongan adquirir unos conocimientos básicos y sólidos sobre el proceso judicial, cuestiones, todas ellas, de permanente actualidad e interés. La presente edición actualiza en profundidad la anterior, a consecuencia de una avalancha legislativa de reforma procesal sin precedentes, producida durante 2015, y que ha afectado a aspectos centrales de nuestra materia y modificado numerosos preceptos de leyes tales como la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Justicia Gratuita, por citar sólo las más significativas. En 2015 se ha promulgado, además, la Ley de Jurisdicción Voluntaria. En esta nueva edición se recogen, asimismo, relevantes pronunciamientos jurisprudenciales recaídos en estos años.

La legislación, tanto europea como española, ha introducido en los últimos años múltiples preceptos dirigidos a facilitar la carga de la prueba a quienes afirman haber sido discriminados por otro particular en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas. Tales preceptos, sin embargo, no aclaran con precisión en qué consisten las facilidades probatorias introducidas por el legislador y, en particular, si se trata o no de una verdadera inversión de la carga de la prueba. En efecto, hay que interrogarse hasta qué punto resulta jurídicamente sostenible y socialmente razonable gravar a los demandados con la carga de acreditar que no han causado la discriminación afirmada por el actor. El presente trabajo analiza dicha cuestión probatoria en tres fases. En primer lugar, se da cuenta de la jurisprudencia desarrollada por los tribunales norteamericanos en materia de distribución de la carga de la prueba, principal fuente de inspiración de la legislación europea en la materia. Seguidamente, la atención se centra en el estudio de los preceptos probatorios contenidos en las directivas antidiscriminatorias europeas. Y, finalmente, se acomete el análisis de la profusa legislación española en la materia y se formulan una serie de consideraciones conclusivas. La presente obra es la primera monografía sobre Derecho español en la que se trata de modo extenso sobre la carga de la prueba en materia de discriminación entre particulares fuera del ámbito laboral, sin descuidar el análisis de las disposiciones en la materia contenidas en el reciente Anteproyecto de Ley Integral de Igualdad de Trato.