Análisis del régimen jurídico relativo a la intervención en el uso del suelo en la Comunidad de Castilla y León, con múltiples referencias a la normativa urbanística de otras Comunidades Autónomas. - Marco normativo y competencial de la disciplina urbanística. - Control del uso del suelo: la licencia urbanística y la declaración responsable. - Fomento de la edificación, conservación y rehabilitación. - Protección de la legalidad.

La digitalización de la información y su posterior aprovechamiento mediante sofisticados sistemas capaces de emular al intelecto humano jalonaron el inicio de la Cuarta Revolución Industrial. Franqueadas sus puertas, apenas persisten empresas ajenas a un proceso en el cual deben tomar parte, so pena de fenecer. Lograrlo requiere valerse de unos instrumentos con los cuales el trabajador está condenado a convivir. El desempeño de algunos puestos de trabajo exigirá poseer competencias especializadas. Tal acontece con cuantos deban ser ocupados por profesionales pertenecientes a las áreas STEM. No obstante, interesa reparar en aquellos otros cuya prestación no conllevaba, o comportaba apenas, el manejo de una tecnología a la que, finalmente, han devenido permeables. El carácter instrumental de las competencias dignas de ser adquiridas por quien los ocupe, en cuyo dominio prepondera el componente práctico, erige a la empresa en proveedora idónea de formación. Su relevancia aconseja abordar el derecho del trabajador, en tanto acreedor de un débito formativo continuo y transversal. Continuo, puesto que nadie mejor que su empleadora está en condiciones de diagnosticar sus carencias para remediarlas en el momento oportuno. Y transversal, dado que buena parte de las competencias precisas están encaminadas a mejorar el cumplimiento de una prestación cuyo contenido funcional dista mucho de requerir conocimientos técnicos o habilidades especializadas. Descuella, así, el derecho a recibir formación de la empresa en el contrato ordinario de trabajo como medio para alcanzar una transición digital justa. Si antaño ese débito formativo podía entenderse saldado por la empresa que diera ocupación efectiva a sus asalariados, amoldándolo al engranaje productivo a medida que dirigía su trabajo, la transmutación sufrida por un vínculo de subordinación de confines difusos insta a una redefinición del derecho a recibir formación profesional de la empresa, considerando sus diversas dimensiones. A tal efecto, se partirá de la encaminada a acomodar la cualificación del trabajador a los requerimientos del proceso productivo con el propósito de evitar la extinción de su contrato. Se trata de una formación de índole defensiva que deberá recibir quien no consiguiera adaptarse a una modificación técnica o técnico-funcional impuesta por la empresa, pero también quien deviniera inepto para el manejo de los instrumentos tecnológicos a causa de su discapacidad, en tanto ajuste razonable. La galopante metamorfosis tecnológica que impulsa este proceso obliga, no obstante, a abordar la dimensión prospectiva del derecho a recibir formación de la empresa, cuya existencia se deduce de un art. 4.2.b) ET que, sin embargo, deja su contenido en manos de los interlocutores sociales e, incluso, de la autonomía de la voluntad individual cuando, por su carácter especializado, procediera entablar un compromiso de permanencia. Que el art. 47 bis ET atribuya hoy el derecho a recibirla de manera expresa a los afectados por un expediente temporal de regulación de empleo en su modalidad sectorial evidencia el renovado protagonismo del derecho a obtener una formación apta para preparar a los trabajadores y, por ende, a la empresa, para la asunción de los retos venideros. Considerando ambas dimensiones del derecho a recibir formación de la empresa como vertientes por donde discurre el derecho fundamental a la educación del trabajador, se presenta un estudio propositivo de su contenido donde se enfatiza su inescindible vinculación con el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación, puesto que no cabe reputar justa una transición digital excluyente. Esta obra completa el catálogo de Editorial Aranzadi.

El presente libro desarrolla determinados aspectos sobre infracciones de naturaleza penal de carácter patrimonial tales como la apropiación indebida, la estafa y la corrupción en los negocios. Igualmente, aborda singularidades sobre su investigación llevada a cabo por el Ministerio Fiscal. Asimismo, estrechamente relacionado con lo anterior, se recoge, por un lado, un capítulo dedicado a la Fiscalía Europea, de reciente creación, que tiene como objetivo luchar contra la corrupción y el fraude referidos a los intereses financieros de la Unión; por otro, se incluye un capítulo dedicado a la responsabilidad penal de la persona jurídica, quién también, en algunos casos, puede ser responsable de delitos de carácter patrimonial.
Este elenco de capítulos ha sido elaborado por profesionales vinculados a la investigación, la defensa y el enjuiciamiento de procesos de esta naturaleza, por ello ofrece un punto de vista práctico y pretende resolver determinadas cuestiones que pueden darse de una forma rápida y sencilla, pero, a la vez, efectiva. Además, los profesionales que intervienen ostentan en los procesos distintas posiciones, lo que permite al lector conocer la forma de pensar y razonar desde cada una de esas perspectivas frente a este tipo de infracciones. El planteamiento de los Fiscales que intervienen, habitualmente como parte acusatoria, o del Abogado defensor o del Juez imparcial, independiente y sometido a legalidad, posibilita que este libro pueda ser de utilidad para todos aquellos que intervienen en estos procesos, con independencia de la posición que ostenten. Incluso resulta de gran utilidad para las corporaciones que hoy en día pueden incurrir en responsabilidad penal, por lo que el capítulo de este tema, elaborado por un Magistrado de la Audiencia Nacional, reviste un especial interés que debe ser advertido por los denominados Compliance Officer.
Autores: Eduardo Gutiérrez Gullón. Fiscal. Profesor de derecho penal y procesal penal de la Escuela Judicial Eduardo Gutiérrez Gómez. Magistrado de la Audiencia Nacional Luis Lafont Nicuesa. Fiscal de la Comunidad Autónoma de Madrid. Doctor en Derecho M.ª Concepción Sabadell Carnicero. Fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada Enrique Remón Peñalver. Socio de CMS Albiñana Suárez de Lezo. Fiscal en excedencia

El modelo registral que nos propone la nueva Ley del Registro Civil, en vigor desde el 30 de abril de 2021, hace imprescindible una revisión y actualización de los formularios registrales que hasta la fecha se han manejado. La existencia de un Registro Civil único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente, exigía unos formularios que se ajustasen al nuevo modelo registral. La presente Colección de Formularios resulta consulta obligada para profesionales jurídicos, abogados, notarios, registradores, procuradores y, también, para particulares que necesiten actuaciones de todo tipo ante las Oficinas de los Registros Civiles en nuestro país.

La gestión de los riesgos psicosociales en el seno de las empresas se integra en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y en el deber de protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, que recae sobre el empresario. De este modo, se deben adoptar medidas organizativas para prevenir y evitar problemas de salud mental de los trabajadores y, por ello, se convierte en una materia de especial
importancia en el seno de las empresas y para los asesores jurídico-laborales.
Así, precisamente, en el presente trabajo se efectúa un completo y riguroso análisis de la materia, ilustrado con la más reciente doctrina judicial y jurisprudencial, de modo que se dota a los operadores jurídicos del ámbito laboral de una herramienta útil, dinámica y eficaz, al objeto de servirles de guía en la aplicación práctica de la gestión de los riesgos psicosociales en el seno de las empresas, y
les permite afrontar de forma sencilla y natural todo el proceso de toma de decisiones preventivas para evitar los problemas de salud mental de los trabajadores. Dado que no podemos obviar que, entre los trabajadores europeos, el estrés, la ansiedad y la depresión constituyen el segundo problema de salud laboral más común y ello incide directamente en las tasas de absentismo.

Los aspectos fundamentales de la Ley 2/2023, de protección de la persona informante de infracciones, y los cambios esenciales en la persona protegida, con su enorme incidencia en instituciones esenciales del ordenamiento jurídico.

La progresiva expansión del ordenamiento laboral más allá del trabajo obrero industrial para cuya regulación y protección se creó, hace poco más de un siglo, ha traído consigo un paralelo y constante proceso de diversificación y especialización, con respuestas, tanto legales como convencionales, no siempre completas y suficientes. Al mismo tiempo, la evolución experimentada por las naciones y las sociedades en esta compleja centuria y el alumbramiento y consolidación de los llamados Estados de bienestar, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, han venido acompañados por el desarrollo de actividades, organizaciones y formas de producción y empleo que concurren con las empresas y mercados lucrativos tradicionales, y que resultan en cierto grado extrañas a las relaciones entre capital y trabajo, presupuesto originario del Derecho del Trabajo, cuestionando el alcance y contenido de algunas de sus reglas.
En este contexto y en el marco del Proyecto de investigación: «Las transformaciones de la legislación laboral contemporánea y el nuevo estatuto del trabajo», financiado por la Agencia Estatal de Investigación y la Unión Europea, la presente obra ofrece una muestra de algunas emergentes formas de prestación de servicios y de organización del trabajo en el mercado no productivo y en ámbitos de interés social. En particular: el sector público, el tercer sector, el trabajo familiar y la asistencia personal.